Camps anuncia un recorte de 1.150 millones en su tercera investidura

Austeridad y privatizaciones. Esto es lo que prometió ayer Francisco Camps en su tercer debate de investidura en las Cortes valencianas, donde fue reelegido como presidente de la Generalitat con los 55 votos del PP y la oposición de 32 diputados del PSPV-PSOE [uno se ausentó indispuesto], los 6 de Compromís y los 5 de Esquerra Unida.

En una jornada sin incidentes, Camps anunció una etapa de austeridad para salir de la crisis que pasa, entre otras medidas, por reducir la Administración valenciana para recortar el gasto en 1.150 millones en 2012. El presupuesto de la Generalitat valenciana este año es de 16.015 millones. El presidente valenciano adelantó que reducirá el gasto corriente en un 15% y las subvenciones en un 30% con un Gobierno más pequeño y que tendrá un techo de gasto anual que quedará establecido en los Presupuestos.

Alarte le ofrece pactar una ley de calidad democrática y transparencia

Anunció también una mayor participación del sector privado "en la gestión, construcción y mantenimiento de los servicios públicos de sanidad, educación, transporte público y sector cultural, entre otros". Aunque no concretó cómo lo hará.

Durante el debate de investidura, el dirigente popular también mostró su voluntad de reformar la Ley Electoral valenciana "para elegir a los diputados por circunscripciones uninominales [demarcaciones de un solo escaño que obtiene el candidato más votado]", siguiendo el modelo de Reino Unido. Una propuesta que requiere el apoyo de los dos tercios de la Cámara y que ya fue formulada hace un año por el propio presidente valenciano sin pasar del enunciado. Lo mismo que en la presente ocasión.

En la sesión parlamentaria en la que resultó elegido, Francisco Camps, que está imputado en el caso de los trajes, no hizo ninguna mención a los escándalos de corrupción que afectan a su partido. Tan solo en la bancada del PP hay otros tres imputados (Ricardo Costa, en la misma causa que Camps, y Jorge Bellver y Pedro Hernández Mateo por causas distintas) y otros seis cargos implicados en el caso Gürtel (Vicente Rambla, David Serra, Milagrosa Martínez y Yolanda García) y en el caso Brugal (Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi).

En la calle, unos pocos centenares de indignados del Movimiento 15-M protestaron de manera pacífica en los alrededores del Parlamento autónomo, rodeados por un fuerte despliegue policial. Nada que ver con lo sucedido el día anterior en Barcelona ni con los incidentes del 9 de junio en el entorno de las Cortes valencianas.

Quien sí hizo mención a la corrupción fue el portavoz socialista, Jorge Alarte, que reclamó a Camps que sea valiente y afronte el problema. Le propuso pactar una ley de calidad democrática y transparencia, pero no tuvo respuesta. Alarte se refirió al 15-M para condenar la violencia de los últimos días, aunque reconoció que son una "expresión de libertad que hay que escuchar".

El socialista, en su réplica a Camps, dijo haberse fijado, durante la sesión de constitución de las Cortes valencianas, el pasado día 9, en las caras de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde Luis Díaz Alperi, cuyas grabaciones con el empresario Enrique Ortiz en el caso Brugal han levantado una gran polvareda. Sus rostros reflejaban que tienen problemas, dijo el socialista, quien recordó a Camps su situación de imputado. Alarte instó al presidente valenciano a que se ponga a gobernar y se deje de hacer mítines para Rajoy. El socialista ofreció, sin éxito, varios pactos para salir de la crisis.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, dudó de que Camps pueda terminar la legislatura con los problemas judiciales que arrastra y le instó a dejar de perseguir a la oposición. Marga Sanz, de Esquerra Unida, pidió a Camps que se deje de euforias y se ponga a trabajar.