Mas abraza el discurso neoliberal y aparca el soberanismo

Quienes esperaban que Artur Mas rompiera la baraja española y apostara abiertamente por el independentismo tras acceder a la presidencia de la Generalitat se están llevando un buen disgusto en Cataluña. Hay ruptura, sí, pero no en la tradición nacionalista de marcar inconcretos horizontes de soberanía para esta comunidad. El cambio que mejor se ha apreciado en los primeros cinco meses de Gobierno de CiU hace referencia al discurso social que mantuvo Jordi Pujol. Poco o nada queda del aura socialdemócrata o socialcristiana que el veterano expresidente quiso imprimir a toda su obra. La Convergència de Artur Mas ha abrazado un discurso netamente neoliberal que encuentra buen acomodo en la necesidad de contención de gastos que impone la crisis.

La ley ómnibus de adelgazamiento administrativo refleja el giro liberal

Con una mezcla de pragmatismo y sin esconder cierto orgullo por derribar una parte importante de la obra del Gobierno de izquierdas de los últimos siete años, el Ejecutivo de CiU trabaja en un proyecto de ley que cambia o deroga de un plumazo hasta 94 leyes vigentes. El argumento es el "adelgazamiento" de la Administración.

Pero en medio se han colado decenas de iniciativas que son un claro guiño al ala más liberal de Convergència, un sector que ha venido ganando peso desde que el partido decidiera romper con la indefinición de Jordi Pujol y se integrara en la Internacional Liberal en 2005. Con la previsible ayuda del Partido Popular, el Ejecutivo de Mas pretende dejar sin apenas servicios sanitarios a quienes lleven menos de seis meses empadronados en Cataluña y satisfacer a los fabricantes de motocicletas permitiendo que estos vehículos penetren en zonas protegidas vetadas hasta ahora. Además, deja sin protección una parte del Parque Natural del Cabo de Creus, en la Costa Brava. En el plano sanitario también abre la puerta a que los hospitales y centros sanitarios de titularidad pública alquilen sus dependencias a empresas sanitarias privadas.

Los empresarios y la órbita mediática nacionalista han aplaudido este proyecto de ley ómnibus que el Gobierno quiere aprobar definitivamente y como sea antes de final de año. "Cataluña tiene prisa, no puede perder tiempo", repite Artur Mas ante cualquier crítica al texto.

El giro liberal se aprecia no solo en el hecho de que la ley derogue leyes estrella del tripartito, como la que obligaba a invertir en los barrios más deprimidos o a construir determinado porcentaje de vivienda social en los nuevos barrios. Muchas leyes de la época de Jordi Pujol, hasta 44, según fuentes nacionalistas serán derogadas o retocadas. "Esto demuestra que no se trata de hacer revanchismo contra el tripartito", señala el portavoz del Gobierno de CiU, Francesc Homs.

La ley ómnibus culmina un giro que el Ejecutivo nacionalista dio nada más llegar a la Generalitat, cuando suprimió, no sin importantes problemas, los límites de velocidad que el tripartito había impuesto en los accesos a Barcelona para combatir la contaminación y los accidentes. Algunas voces en CiU comienzan a inquietarse porque se transmiten demasiados mensajes de marcha atrás a obras del tripartito y pocos de empuje de proyectos propios.

El presidente de la Generalitat enmarca todas estas medidas en su programa de sangre, sudor y lágrimas que debe permitir sanear las finanzas de la Generalitat y ayudar a despegar de nuevo a la industria catalana. El discurso soberanista con el que ganó nítidamente las elecciones lo tiene aparcado. "Nuestra única prioridad es reducir el déficit", dijo esta semana ante decenas de inversores internacionales el consejero de Economía. Por si acaso, y para mantener viva la llama reivindicativa, CiU ha puesto en marcha una comisión para estudiar cómo aplicar a Cataluña el trato fiscal que tienen el País Vasco y Navarra. Eso sí, para evitar que este asunto monopolice la vida política catalana la comisión trabajará a puerta cerrada. Las reivindicaciones soberanistas pueden esperar. Al menos, hasta después de las generales.