Un juez obliga a someter a un bebé a una prueba médica
Los padres se negaron al test de la glucosa por "innecesario y doloroso"
Recostada en el salón de su casa de Cardedeu (Barcelona), Eulàlia Martí amamanta a su hijo de tres semanas como "una mala madre". Fue el reproche que le propinó el equipo asistencial del Hospital General de Granollers cuando, al día siguiente de haber alumbrado al pequeño Adrià, la madre y su pareja, Jesper Petersen, se opusieron a que pincharan al neonato para someterle a una prueba preventiva de tolerancia a la glucosa. Las presiones del personal sanitario culminaron en una petición al Juzgado de Instrucción de Granollers, que autorizó al equipo médico a pinchar al bebé en contra de la voluntad de sus padres.
Esa prueba es un examen de relativa importancia que los médicos consideraron necesario por el elevado peso del bebé, de 4.310 gramos. "Incluso nos advirtieron de que avisarían a las autoridades porque rechazar la prueba podría considerarse maltrato infantil", protesta Petersen mientras el pequeño Adrià sigue agarrado al pecho de su madre. "Queríamos evitarle pinchazos innecesarios, estamos en nuestro derecho", señala Martí. "Todos los hospitales contemplan ese test como protocolo habitual, pero no es indispensable hacerlo. Reclamarlo por vía judicial es exagerado", corrobora Bartolomé Bonet, jefe de pediatría del hospital balear Can Misses.
El magistrado Julio Hernández Pascual, sin embargo, autorizó la prueba tras recibir un informe médico que alertaba de que el bebé "podría padecer secuelas neurológicas permanentes" que "perjudicaran seriamente su desarrollo", detalla el auto judicial. La contundencia del informe incide en la polémica sobre los límites de la autonomía del paciente frente a los protocolos médicos. "Solo es una prueba orientativa, el informe exagera para justificar el atropello a los padres y la falta de respeto a los derechos del paciente", señala Fernando Pérez, pediatra del Hospital Severo Ochoa de Madrid.
El director general del centro de Granollers, tras recibir un escrito de queja remitido por los padres, les concede al menos parte de razón. "El equipo asistencial se encontró con un dilema", señala en una carta de respuesta a los progenitores. "Pedimos disculpas, intentaremos debatir el caso en nuestros comités de ética", concluye.
"Muy amables", ironiza el padre. "Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos rechazado la orden judicial?", añade pensando en la cárcel o, quizá, algo peor. "¿Nos quitan la custodia del bebé?".

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