Mas denuncia a Anglada pero acepta su apoyo en El Vendrell

La división en Convergència i Unió sobre el trato a dar a la xenófoba Plataforma per Catalunya en los pactos municipales alcanzó ayer su máximo esplendor. Mientras los nacionalistas esperan sumar con la formación xenófoba para evitar que los socialistas logren la alcaldía de El Vendrell (Tarragona), el Gobierno de la Generalitat anunciaba una querella por las "falsedades" de la propaganda electoral de la Plataforma per Catalunya.

En El Vendrell el candidato de CiU, Benet Jané, podría revalidar la alcaldía aunque sea con los votos de Plataforma per Catalunya. El nacionalista lo justificó ayer porque, pese a que la Plataforma tiene "un discurso duro" en inmigración, "no todos los integrantes del partido son xenófobos". Según Jané, la dirección de CiU le ha dado carta blanca para pactar y alzarse con la alcaldía pese que el PSC ganó las elecciones y la dirección nacionalista ha ordenado que se respete a la lista más votada. Los socialistas obtuvieron siete concejales; CiU, seis; Plataforma per Catalunya, cinco; el Partido Popular, dos, y ERC, uno. El candidato del PSC, Martí Carnicer, apuesta por un pacto con CiU.

CiU asume que carece de apoyos para algunas de sus medidas polémicas

Sin entrar a valorar la situación política de El Vendrell, el Gobierno de CiU anunció ayer que se querellará contra la Plataforma per Catalunya por el folleto electoral en el que la formación xenófoba de Josep Anglada insinuaba que los inmigrantes tenían más derechos sociales que los autóctonos.

Plataforma per Catalunya editó un folleto en campaña electoral en el que incluía un falso cheque de 4.000 euros a nombre de "Mohamed Alcabir Amir", simulando que este inmigrante había sido beneficiario de ayudas de la Generalitat. Junto al cheque, el partido liderado por Josep Anglada resumía sus propuestas políticas, con mensajes como "primero los de casa" o "no hay lugar para ninguno más, ni cívico ni incívico, ni legal ni ilegal".

El Gobierno de CiU también se ha aproximado al lema "primero los de casa" en el anteproyecto de la ley ómnibus que tiene como objetivo declarado agilizar los trámites burocráticos y estimular la economía. Una de las medidas previstas en esta ley es limitar el acceso a la sanidad publica a quienes lleven menos de seis meses empadronados en Cataluña. La izquierda y entidades de defensa de los inmigrantes se oponen radicalmente a esta medida. De hecho, el Gobierno catalán hizo ayer un amago de marcha atrás al admitir que probablemente no podrá aprobar el anteproyecto de ley en su actual redactado por falta de apoyos en el Parlamento autónomo.

Entre las medidas polémicas que pretende aprobar el Gobierno de CiU con esta ley paraguas, y que modifica casi 100 normas y leyes catalanas, está la de retirar la protección a una parte del parque natural del Cabo de Creus, permitir la circulación de motocicletas por el bosque, alquilar a empresas privadas quirófanos y habitaciones de la red sanitaria pública y reducir las cuotas de vivienda social en los barrios de nueva construcción.

Los grupos de izquierda han anunciado que no votarán la ley en las actuales condiciones y el PP, si bien aseguró que sintoniza con buena parte del texto, también criticó la mezcolanza de medidas de agilización administrativa con otras de mucho calado político.

Con este panorama, el Gobierno de CiU ya dio ayer por hecho que no podrá aprobar esta ley en su actual redactado e incluso dejó la puerta abierta a trocearla en varias leyes temáticas para hacerla más digerible. De momento, accedió a prolongar otros siete días el periodo de exposición pública. "Negociaremos todos los puntos con todo el mundo y si alguno no se puede aprobar pues no se aprobará", dijo el portavoz del Gobierno. Con todo, CiU pretende utilizar esta ley para marcar terreno ideológico y lanzar el mensaje de que pretende acabar con todas las restricciones y leyes que aprobó el tripartito de la izquierda. La previsión es que la ley se pueda aprobar antes de fin de año.