Moody's asegura que Cataluña pone en riesgo la meta de déficit en España

Los problemas fiscales de Cataluña amenazan con arruinar la meta de déficit que el Estado se ha impuesto férreamente para este año. La agencia de calificación de deuda Moody's alertó ayer de que el incumplimiento que Cataluña ya ha confirmado para este año perjudica la solvencia de España y "complica alcanzar el objetivo del 6% del PIB", una cifra que el Gobierno considera irrenunciable para ganar credibilidad exterior. En un informe dirigido a inversores, Moody's considera que el enfrentamiento entre el Ejecutivo central y el catalán a cuenta de los desequilibrios en las cuentas públicas "muestra claramente que el Gobierno central no tiene herramientas eficaces para reforzar el cumplimiento fiscal en el ámbito regional".

La Comunidad Valenciana registra el mayor peso de la deuda sobre el PIB

"Es un debate que no nos beneficia como país", advierte Miguel Sebastián

La única baza de la que dispone el Ministerio de Economía y Hacienda para enderezar las cuentas autonómicas tampoco es bien valorada por los analistas de Moody's. Aunque el Ejecutivo prohíba a Cataluña endeudarse, como está haciendo con las comunidades con déficit excesivo, "el problema de fondo" no estaría solucionado, pues "los retrasos en los pagos a proveedores aumentarían todavía más y la liquidez de la región podría empeorar". La única vía que considera eficaz es la que también ha citado el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, y que comparten muchos expertos: fijar techos de gasto obligatorios para las comunidades. "Si esto fracasa, creemos que será muy difícil para el Gobierno español alcanzar sus ambiciosas metas fiscales este año y los próximos". Es probable que esta medida aparezca citada en la lista de recomendaciones que la Comisión Europea hará pública hoy para fomentar el rigor fiscal de los 27 Estados comunitarios, entre ellos España.

Las dudas sobre las cuentas autonómicas se están propagando con rapidez al conjunto del Estado pese a que, el año pasado, el mejor desempeño de la Administración central compensó las desviaciones autonómicas. Las mayores inquietudes las despierta ahora Castilla-La Mancha, aunque los desequilibrios de esta comunidad pesan bastante poco en el mapa autonómico. La deuda castellano-manchega supone el 5% del total regional, según los últimos datos del Banco de España. La exposición del inversor es mucho mayor en Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, que concentran el 54% del endeudamiento autonómico.

Si se suma Andalucía, casi dos tercios de todo el pasivo de las comunidades se reparte entre cuatro Administraciones, aunque la mejor forma de ponderar el peso de esa deuda (y su grado de sostenibilidad) es relacionarla con el producto interior bruto (PIB) de cada territorio. Tomando esa referencia, los mayores desequilibrios se localizan en la Comunidad Valenciana, cuya deuda pública supone el 17% de su PIB. También esta Administración tiene la factura más elevada por intereses de la deuda, según los datos de ejecución presupuestaria referentes al primer trimestre de 2011.

Con el criterio de deuda sobre PIB, Castilla-La Mancha también sale bastante mal parada, con la segunda peor marca tras la valenciana (16,5% del PIB). En todo caso, la deuda castellano-manchega no puede aumentar más, al menos de momento. Desde finales del año pasado, esta comunidad tiene vetado el endeudamiento a largo plazo por haber rebasado con creces el déficit autorizado en 2010 (un 6,22% frente al 2,4% acordado por todas las comunidades). Hasta que Hacienda dé el visto bueno a su plan de reequilibrio, la comunidad solo puede refinanciar la deuda ya contraída o recurrir al corto plazo.

Más que en el peso económico de los desequilibrios regionales, la desconfianza de los inversores obedece al temor de que no constituyan hechos aislados. En una interpretación similar a la de Moody's con Cataluña, el diario Financial Times consideraba ayer que los problemas castellano-manchegos elevan los temores sobre toda la deuda española. Para disipar las dudas, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha pedido al PP que haga un ejercicio de responsabilidad para no crear alarma sobre las cuentas de ese territorio. "Es un debate que no nos beneficia como país", alertó.

Las comunidades autónomas acumulan un pasivo bastante magro en comparación con el de la Administración central: casi un 11% del PIB frente al 46%, según los datos de cierre de 2010. Sin embargo, y seguramente con un criterio acertado, los inversores creen que el Estado acabará asumiendo cualquier incapacidad de pago que puedan tener las comunidades autónomas y, por tanto, sus desequilibrios son, en última instancia, responsabilidad del país.