Ayuntamientos contra las cuerdas

Son muchos los Ayuntamientos que tras las elecciones del 22-M van a cambiar de color político. Y algunos tendrán que gestionar los servicios a los vecinos con unas arcas públicas maltrechas por la crisis. Según la última liquidación de las cuentas de los municipios, que acaba de publicar el Ministerio de Economía, 182 municipios y entidades locales están en números rojos, por lo que han presentado o deberán presentar un plan de saneamiento a la Generalitat.

La clásica fotografía del alcalde inaugurando obras antes de las elecciones este año ha sido menos frecuente. Y es que las recetas que usan los Consistorios para salir de ese callejón consisten en congelar inversiones, además de renegociar deudas o aplazar pagos, lo cual ahora deberán gestionar los nuevos gobiernos.

Los Consistorios dejan de invertir, renegocian deudas o aplazan pagos

Las nuevas corporaciones deberán gestionar los números rojos

Roda de Barà y Mollerussa han sido dos ejemplos de cómo el hundimiento de los ingresos ha impactado en las finanzas municipales. Son los casos más conocidos porque la aritmética política les pasó factura. La oposición bloqueó sendos planes de saneamiento y operaciones de nuevo endeudamiento, lo que los dejó al borde del colapso. Pero no son los únicos ejemplos. En la lista de municipios con una tasa de ahorro negativa -uno de los indicadores que se tienen en cuenta para evaluar los números rojos- en la liquidación de 2009 estaban también Badalona, Esplugues de Llobregat, Badia del Vallès, Blanes y Figueres.

Los ingresos municipales no hicieron sino crecer entre 1995 y 2007 gracias a los impuestos vinculados a la construcción. Y muchos Ayuntamientos realizaron numerosas inversiones: teatros, centros culturales, piscinas cubiertas... Cada inversión, sin embargo, llevaba asociados gastos corrientes, al menos de mantenimiento y personal, de forma que las salidas de los Ayuntamientos crecían y los ingresos cayeron de golpe.

"Cada Ayuntamiento es un mundo", matiza el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona (UB) Joaquim Solé Vilanova. "Los nuevos equipos de gobierno deberán realizar un análisis económico y financiero de los Ayuntamientos, mejor si es externo, y luego al menos plantearse si deben revisar los impuestos, las tasas y los precios públicos", afirma Solé Vilanova, quien recuerda que la mitad de los municipios llevan 25 años sin realizar una revisión catastral, lo cual supone recaudar poco por el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). "Es un porcentaje demasiado alto", sostiene.

La Generalitat, también volcada en su plan de reducción del déficit público, vigila la evolución de las arcas que tienen una tasa de ahorro negativo para autorizar sus operaciones de deuda. Sin embargo, el Ejecutivo no espera una avalancha de Ayuntamientos que deban presentar planes de saneamiento y recuerda que las finanzas de los Consistorios son mucho más flexibles que las de otros niveles de la Administración. "Lo primero que deben hacer los municipios cuando presentan estos planes es creérselos", afirma Solé Vilanova.

Las dos grandes asociaciones de Ayuntamientos, la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios, llevan tiempo reclamando un nuevo sistema de financiación municipal. El presidente de la federación, Manuel Bustos (PSC), recuerda que los Ayuntamientos están asumiendo responsabilidades que no les corresponderían pero que deben afrontar para garantizar el bienestar de los vecinos, desde guarderías hasta el mantenimiento de escuelas.

Según un estudio encargado por la Diputación de Barcelona a la profesora de Hacienda Pública de la UB Maite Vilalta, el 26% del presupuesto de los Consistorios va destinado a gastos no obligatorios y el 11% sirve para cubrir servicios que las Administraciones central y autonómica desatienden."Las comunidades autónomas ya van por su sexto modelo de financiación. Y nosotros todavía esperamos el primero. Los Ayuntamientos nos sentimos muy defraudados", asegura Bustos.

Los Ayuntamientos suponen el 13% del gasto en el conjunto de España, frente al 51% del Gobierno central y el 36% de las comunidades autónomas. Vilalta recuerda que la cesta tributaria de los Ayuntamientos se compone sobre todo de las subvenciones de otras Administraciones y del IBI, que supone el 50% de los ingresos. Solo los municipios de más de 75.000 habitantes participan con una pequeña proporción en el IRPF, el IVA y los impuestos especiales.

En 2002, el Gobierno central ya dejó coja esa recaudación al prácticamente suprimir para muchos municipios el impuesto sobre las actividades económicas (IAE). "Eliminaron un impuesto y se redujo la cesta. Se abonó su cuantía con una subvención, pero los Ayuntamientos se quedaron sin parte de su autonomía financiera", asegura Vilalta. A su juicio, si España quiere avanzar hacia un modelo de financiación federal, debe llegar al último nivel: el de los municipios. "En Alemania, esa competencia es de los länder. Deciden cómo se nutren las arcas de sus Ayuntamientos, y varía de un Estado a otro, lo que permite adaptar el modelo a las necesidades", afirma. Pero además añade que los Ayuntamientos deberían estar presentes en consejos de coordinación, tanto verticales como horizontales.

Solé Vilanova no cree, en cambio, que el modelo actual deba reformarse. "Hay que hacer determinados cambios. Por ejemplo, que las revisiones catastrales sean obligatorias cada 10 años, revisar la subvención que da el Estado o el impuesto de circulación, obsoleto", afirma Solé Vilanova. Y, añade, cobrar por algunos servicios que presta, si cabe, aplicando bonificaciones para los ciudadanos que no puedan hacer frente a ese pago.