La cúpula de CDC arropa a Osácar, imputado por el cobro de comisiones

En los momentos difíciles, los verdaderos amigos permanecen a tu lado. La cúpula de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) asumió ayer como propia esa máxima del saber popular y arropó públicamente al extesorero del partido Daniel Osácar en su declaración como imputado por el presunto cobro de comisiones ilegales que, a través del Palau de la Música, fueron a parar, presuntamente, a las arcas de la formación nacionalista.

Dos pesos pesados -el secretario general de CDC, Oriol Pujol, y el portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull- acompañaron hasta la puerta del juzgado al "amigo y compañero" Osácar. Este reafirmó ante el juez que no es en absoluto el "Daniel" que aparece en diversos documentos como el hombre ligado a los pagos irregulares. En una hora y media de declaración, Osácar dejó claro que es un "patriota" y un hombre "honrado" que ha prestado "importantes servicios" a Cataluña.

El convergente dice que es "un patriota" que ha prestado grandes servicios a Cataluña

Para la Agencia Tributaria, sin embargo, "Daniel" no es ni más ni menos que Osácar, receptor de pagos millonarios de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública. Los proyectos bajo sospecha, adjudicados en época de Jordi Pujol, no son menores: la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro, además de un pabellón en Sant Cugat. Convergència recibió, según las investigaciones, 2,33 millones por esas obras.

"Pedimos la máxima celeridad a la justicia y celebramos que así se acaben los juicios paralelos sobre Osácar y sobre CDC", defendió Pujol ante los periodistas mientras, a escasos metros, el imputado respondía a las preguntas del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled. La investigación servirá para "aclarar las elucubraciones y triangulaciones", dijo el secretario de CDC.

Osácar, de 75 años, dimitió de su cargo como responsable de finanzas de CDC pocos días después de las elecciones autonómicas que dieron a Artur Mas la presidencia de la Generalitat. Mas aseguró entonces que el relevo estaba previsto y que Osácar quería dedicar más tiempo "a su familia y a sí mismo".

Las explicaciones de Osácar ante el juez estuvieron en la línea de las que ya dio públicamente en el Parlament, durante la comisión de investigación a propósito del caso Palau. Entonces dijo ser víctima de un "montaje" urdido por el tripartito. Ayer se limitó a defender la legalidad de los convenios firmados entre la institución musical y la fundación Trias Fargas -vinculada a Convergència y rebautizada como Catdem- de la que él mismo fue administrador. Las donaciones del Palau sirvieron para promocionar la cultura musical catalana, aseguró el letrado de Osácar, Javier Melero. Entre 1999 y 2008, la fundación convergente ingresó más de 600.000 euros.

Osácar afirmó que ni siquiera conocía al principal saqueador del Palau de la Música, el expresidente Fèlix Millet, y que su único interlocutor en la entidad era la mano derecha de este, Jordi Montull. Ambos están imputados como presuntos responsables del expolio de la institución musical, que asciende a 35 millones de euros.Antes que Osácar, durante más de dos horas, prestó declaración ante el juez otro de los imputados en la pieza separada del caso Palau: el exdirectivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, que justificó la generosa aportación de la constructora al Palau de la Música -cifrada en 12 millones de euros- con el propósito de la compañía de aumentar su proyección en Cataluña y mejorar su imagen de marca. Esa fue, dijo, la única contraprestación: la promoción de Ferrovial, poco conocida, dijo, en la comunidad autónoma.

Buenaventura, pues, negó que los pagos sirvieran para granjearse el favor de Convergència y obtener la adjudicación de obras públicas de envergadura. El exdirectivo, que fue director regional de Cataluña y dejó la empresa a principios de 2006, aseguró que los 12 millones de euros aportados en concepto de patrocinio se invertían en el concierto inaugural y en los conciertos de temporada. Es una cifra "razonable", según el exdirectivo, si se tiene en cuenta que Ferrovial gozaba de exclusividad en el concierto inaugural.

Los investigadores se incautaron de diversos correos y faxes que Millet dirigió a Buenaventura para pedirle que se diera "prisa" con los pagos porque estaba "quedando mal". La fiscalía considera que el expresidente del Palau aludía así al pago de comisiones. Buenaventura, en cambio, afirmó que los documentos se referían al pago a los artistas. Denunció, además, que las cartas están "cortadas" y que los investigadores solo usaron "la parte que les interesaba". En las comunicaciones, Millet le informaba de adjudicaciones y le instaba a cumplir los compromisos económicos con comentarios del tipo: "Es indispensable para atender las necesidades que tú ya sabes".

En el auto de imputación, el juez Miguel Ángel Tabarés argumentó que Millet le informó en 2002 de la adjudicación de un pabellón en Sant Cugat "quizá antes incluso de que se finalizaran todos los trámites". Buenaventura alegó que la carta la recibió un mes después de que el Ayuntamiento de la localidad le notificara la adjudicación de las obras.

En los documentos aparece aplicado un porcentaje del 4% al precio de adjudicación en el caso de las obras de la Ciudad de la Justicia y de la línea 9 del metro. Buenaventura defendió que esos concursos de adjudicación fueron "impecables" y acordes con las condiciones incluidas en los pliegos.