Defensa no supervisaba vuelos como el del Yak, según el enlace en la OTAN

El Ministerio de Defensa carecía del más mínimo mecanismo de control y supervisión de las condiciones en las que se realizaban los vuelos de tropas españolas a misiones en el exterior una vez que se adjudicaban. Así lo manifestó ayer el teniente coronel Abraham Ruiz López, el exenlace español en NAMSA, la agencia de la OTAN que contrataba esos desplazamientos, ante el juez Fernando Grande-Marlaska, que investiga la contratación del Yak-42 en el que fallecieron 62 militares españoles al estrellarse en Turquía en 2003. Ruiz López justificó, además, las subcontratas que se produjeron y en las que cuatro intermediarios se llevaron el 66% del dinero que España pagó por el vuelo del Yak porque el adjudicatario, Chapman Freeborn, carecía de una flota de aviones. También confirmó que a Defensa le constaban dos quejas de seguridad sobre los aviones con anterioridad al siniestro.

Los abogados de la acusación esperaban que el teniente coronel respondiera sobre la inexistencia de seguro de vida para los soldados, el flete de aviones rusos en lugar de occidentales o por qué Defensa no inspeccionaba los aparatos, como le permitía el contrato. La respuesta de Ruiz López fue sencilla: Defensa carecía del más mínimo mecanismo de control sobre cómo se ejecutaban esos vuelos una vez que la agencia NAMSA los había adjudicado.

Siguiendo esa lógica, tampoco pudo supervisar la cadena de subcontrataciones que se produjo hasta la compañía UM Air, la propietaria del avión siniestrado en Trabzon (Turquía). Pero el exenlace español en NAMSA aseguró que esa cadena era un elemento esencial del concurso, ya que el adjudicatario, Chapman Freeborn, carece de flota y solo hace funciones de broker para conseguir vuelos baratos con otras compañías.

En el caso del Yak-42 esa cadena de contratos fue quizá demasiado lejos. Pasó de Chapman Freeborn a la compañía rusa Volga, que a su vez subcontrató con la turca Adriatic. Esta última encomendó el vuelo a la libanesa JPR, pero la que lo realizó al final fue UM Air. Defensa pagó por ese vuelo 149.000 euros, pero UM Air solo recibió 38.422, el resto se lo repartieron los cuatro intermediarios, según el informe que realizó el propio Ruiz López por orden del entonces jefe de la cúpula militar, ya con el Gobierno socialista, Félix Sanz. Durante su declaración de ayer en la Audiencia Nacional, lo máximo que el exenlace en NAMSA concedió fue que quizá la intervención de la libanesa JPR había sido "superflua" por no aportar valor añadido.

Lo que sí reconoció el teniente coronel es que a Defensa le constaban dos quejas sobre la seguridad de los aviones rusos utilizados, algo que, dijo, conoció con posterioridad al accidente. El juez, sin embargo, solo le dejó explicar una. Fue la que el jefe del Mando Aéreo de Levante envió tres meses antes del accidente al entonces jefe del Estado Mayor del Aire, Eduardo González-Gallarza, y que después se mandó al Centro de Conducción de Operaciones de la Defensa (Cecod), en la sede del propio ministerio. Allí se traspapeló.