Bengoa y el PNV vuelven a enzarzarse por los contratos de Sanidad con empresas
Los contratos con empresas privadas volvieron a enfrentar ayer en el Parlamento a Sanidad con el PNV. El consejero, Rafael Bengoa, acudió a la Cámara a explicar en comisión las adjudicaciones, dimisiones y nombramientos en Osatek, firma pública dependiente del departamento, a petición peneuvista, cuya parlamentaria Eider Mendoza criticó los contratos de este con firmas vinculadas a altos cargos de la consejería y la contratación del nuevo gerente.
El resultado de la comparecencia fue idéntico a la de septiembre pasado. Bengoa explicó entonces los contratos de su departamento con empresas relacionadas con la consejería, la directora de Farmacia, Paloma Acevedo, y el entonces gerente de Osatek, Pablo Arbeloa. Ayer el PNV volvió a lanzar una batería de preguntas sobre estas compañías -Plaold, Indesis e Inqual-. Bengoa respondió asegurando que los contratos fueron legales, aunque volvió a negarse a dar detalles de los mismos y responder varias cuestiones.
Los peneuvistas se quedan solos en la Cámara en su pugna con la consejería
Los nacionalistas preguntaron sobre el nuevo gerente de Osatek, José Julián Isturiz, quien sustituyó a Arbeloa el 1 de febrero tras la dimisión de este "por motivos estrictamente personales", recordó Bengoa. Isturiz trabajó anteriormente en los servicios de emergencias de Canarias y Cataluña. Ante las informaciones de contrataciones supuestamente irregulares cuando Isturiz era responsable de emergencias en Canarias, el consejero respondió que proceden de "charlatanes varios". Mendoza le replicó que los datos no provenían de "ningún charlatán de feria, sino del Tribunal de Cuentas de Canarias".
La parlamentaria peneuvista recordó que la opinión del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas "se utiliza como una Biblia" en alusión al caso Margüello. Bengoa le respondió que durante el proceso de selección no les consta ninguna sanción o expediente en torno a Isturiz. "Si no, no estaría donde está", recalcó. Y citó un auto de la Audiencia Provincial de Canarias, que concluye que las actuaciones de Isturiz no eran ilegales y considera "criticable la intencionalidad política" de la querellante.
El PNV no fue respaldado en sus críticas por ningún otro grupo. Aralar y el Grupo Mixto no intervinieron y el PP apoyó al Ejecutivo.
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