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Unanimidad para las víctimas policiales

El PP se suma al insólito consenso pero advierte de que es "un acuerdo cogido entre alfileres" - Las ayudas del Gobierno vasco deberán decidirse en este año

"Cogido con alfileres", como dijo el popular Carlos Urquijo, o ya hilvanado, es decir, con grandes puntadas fáciles aún de soltar, pero también más cercanas al cosido, el acuerdo de mínimos que lograron en diciembre los grupos políticos en torno a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos distintas al terrorismo de cualquier signo recibió ayer el espaldarazo del pleno del Parlamento.

Con una rara unanimidad, dada la materia, y los únicos desmarques del parlamentario de UPyD, que se abstuvo, y de la oposición del PP tan solo a una cuestión de método, como es la constitución de una ponencia específica. 73 votos favorables frente a una abstención en el primer punto de la iniciativa aprobada y 61 síes frente a los 13 noes del PP en el segundo. Los populares tienen ahora que discutir internamente si, pese a su oposición a la constitución de una ponencia, participan en ella. Lo más probable es que lo hagan y, para facilitar su incorporación, el resto de las formaciones están dispuestas a que el grupo de trabajo se inserte en la comisión de Instituciones, Interior y Justicia y no en la de Derechos Humanos, de la que pende la de Víctimas del Terrorismo. Ese será el siguiente paso que tendrán que negociar y todos saben que el PP está teniendo que vencer ciertas resistencias internas, además de que su actuación en esta cuestión en Euskadi casa mal con el endurecimiento de su discurso en Madrid.

El PSE resalta que el consenso se haya hecho posible con López en Ajuria Enea

El PNV subraya que la mayoría de esas víctimas no tenían relación con ETA

Las víctimas a las que el acuerdo se refiere bajo su complicado y muy consensuado nombre-"víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia política"- lo son, en su mayoría, de excesos policiales, cometidos por agentes de la ley en el ejercicio de sus funciones y el contexto de violencia política a que hace referencia no es otro que el de los asesinatos de ETA en los que a veces se escudaron esos excesos.

El resultado fue, en muchos casos, la muerte, pero caben todo tipo de agresiones, como las nueve violaciones de otras tantas mujeres a las que el portavoz del PNV, Iñigo Iturrate, hizo mención especial ayer. Al PP le preocupa, sobre todo, cualquier tinte de equiparación con las víctimas del terrorismo y su portavoz en el debate, Carlos Urquijo, advirtió en un momento al del PNV del riesgo de que su partido se descuelgue si esa formación "fuerza la máquina". "Usted sabe que este acuerdo está cogido con alfileres, no vayan por la equiparación con los victimarios o aténganse a las consecuencias", dijo, respecto de una posible ruptura de la unidad". El representante de UPyD, Gorka Maneiro, fue el único en no respaldar con su voto la iniciativa. "Se enmarca", dijo, "en un proceso del que no queremos participar". Maneiro opina que hay "un intento de justificar la violencia de ETA con la existencia de otra de contraposición por parte del Estado" con la que se difuminaría a las víctimas de la primera. Urquijo saltó frente a esa sugerencia: "Antes de que usted estuviera aquí el PP ya había enterrado a 24 compañeros", le espetó, al tiempo que le negó legitimidad para acusar de nada al PP y menos de colaborar en "difuminar" a las víctimas de ETA.

Aralar, impulsor de la cuestión desde la anterior legislatura, celebró la incorporación del PSE y el PP, tras la negativa de ambas fuerzas al planteamiento realizado por el gobierno tripartito predecesor del actual. El PSE-EE, en palabras de Jesús Loza, resaltó justamente que el consenso se haya hecho posible ahora "bajo el liderazgo del lehendakari Patxi López", mientras entonces no lo fue. Iturrate subrayó que la mayoría de las víctimas que cubrirá esta iniciativa "no tuvieron ninguna relación con ETA" pidió que no se las someta a "una segunda victimización" poniéndolas bajo sospecha de lo contrario.

El acuerdo emplaza al Gobierno a aprobar este año un decreto con medidas para esas víctimas, a abrir un "espacio administrativo" con recursos para atenderlas y a establecer un mecanismo de contacto con ellas. Dos veces al año deberá rendir cuentas en la Cámara.

Rechazo rotundo al copago sanitario

La Cámara quiso eliminar ayer todo atisbo de duda sobre la negativa de Euskadi hacia el copago sanitario, que todos los grupos recordaron que no es más que "volver a pagar". "La implantación de los sistemas de copago es doblemente discriminatoria", abundó el protagonista de la iniciativa, Mikel Arana (EB), tras asegurar que la proposición no de ley busca dar tranquilidad a la ciudadanía. Todo después de que el PNV, Aralar, EB y UPyD criticaran la modulación del discurso del Gobierno en este debate. El consejero de Sanidad ha sostenido que primero hay que trabajar en otros campos antes de implantar el copago. Pero también se ha mostrado a favor de que los jubilados con pensiones más altas paguen las recetas de medicamentos -lo hacen todos los trabajadores independientemente de sus ingresos-.

La portavoz socialista en materia sanitaria, Blanca Roncal, aclaró que "es imposible que con un copago se pueda sostener un sistema sanitario", un argumento en el que también se centró Carmelo Barrio (PP), al asegurar que su impacto "sería menor al coste de su implantación". Los socialistas pactaron una enmienda transaccional con Aralar y EB, que fue apoyada por PP, EA y UPyD y que recoge la "disconformidad con la opción de hacer del copago sanitario una fórmula para financiar" el sistema vasco de salud. Además, solicita que se busquen herramientas para asegurar la eficiencia y acuerda remitir el acuerdo al Consejo Interterritorial de Sanidad, que aglutina a todas las comunidades, Consejo Interterritorial para "impulsar el consenso".

El PNV se abstuvo en los tres puntos aprobados -aunque se mostró a favor de la negativa al copago, no se permitió la votación por puntos-. Su portavoz, Juan Antonio Arieta-Araunabeña, defendió la propuesta de los jeltzales, que pedía abrir un debate ciudadano sobre el copago, siguiendo las directrices que plantea el nuevo código de buen gobierno del Departamento de Sanidad.

Dani Maeztu (Aralar) recriminó a Bengoa que haya puesto en duda la sostenibilidad del sistema sanitario y defendió una fiscalidad progresiva, en función de los ingresos, como la mejor apuesta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de abril de 2011

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