"Más sentencias que cuadros en casa"

El mes de las sentencias en contra. Seis en total, todas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), conocidas en marzo, que tumban tres grandes proyectos del Ayuntamiento de Madrid: el soterramiento de la M-30, el mini-Vaticano y la ordenanza que privatizaba la gestión de las licencias municipales. Tal aluvión de sentencias en contra, un total de 12 si no nos limitamos al mes de marzo, sirvió ayer a la oposición para cargar contra el Gobierno municipal en el pleno. Hasta en tres ocasiones pidieron cuentas al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón por los fallos judiciales contra esos tres proyectos. Como dijo la concejal de IU Raquel López, "Gallardón tiene más sentencias contra su gestión que cuadros colgados en casa".

Lucas pidió al PP que no se pase las decisiones de los jueces "por el forro"

Así que la palabra ilegal sobrevoló el pleno en varias ocasiones. Apareció cuando se discutieron las dos sentencias a favor del PSOE (y otra más que da la razón a Ecologistas en Acción) que anulan nueve tramos de la M-30 (una calle, no una autovía, según el Ayuntamiento). "La obra fue ilegal de principio a fin", aseguró el edil socialista Pedro Santín, al carecer de la correspondiente declaración de impacto ambiental. El concejal acusó al alcalde de llevar al Ayuntamiento "a la ruina" y endeudarlo durante los próximos 35 años. Le respondió la responsable de Urbanismo, Pilar Martínez, que aseguró que el Consistorio llegó a un acuerdo con la Comisión Europea por el que se presentó a posteriori, en 2008, el informe ambiental, y que esta se dio por satisfecha en el asunto. Sin embargo, los jueces del TSJM han declarado nulas las obras, en tres sentencias sobre las que ya no cabe recurso.

También habló de ilegalidad el portavoz socialista, David Lucas, que estuvo más duro cuando se refirió a las dos sentencias que anulan las obras del llamado mini-Vaticano en la cornisa de San Francisco. Lucas pidió al equipo de Gallardón que no se pase las sentencias "por el forro". Guardando la compostura, el edil no pronunció la segunda parte del dicho, pero atacó al Gobierno de Gallardón por mostrar "un desprecio y una prepotencia sin parangón", y pidió al Ayuntamiento que no recurra la sentencia. Nulo intento, porque de nuevo Pilar Martínez intervino para anunciar que el ejecutivo municipal recurrirá al Supremo porque considera que el fallo vulnera los principios de jerarquía y seguridad jurídica.

Del último varapalo de los jueces tuvo que hablar el concejal de Hacienda, Juan Bravo. Se trata de las sentencias (siete en total, presentadas por el PSOE y varias entidades) del Tribunal Superior de Justicia contra la ordenanza que privatiza la gestión de licencias. El edil socialista Daniel Viondi volvió a hablar de ilegalidad y de "chapuza". Bravo respondió anunciando que recurrirá el fallo y alabando el funcionamiento de la nueva agencia de licencias, que reduce los plazos y costes de tramitación a los ciudadanos. La nota irónica la puso una vez más Ángel Pérez, de IU, que dijo: "Si el recurso no prospera, las licencias concedidas van a ser más sospechosas que un contrato fijo en este país".