El Gobierno dará incentivos para aflorar la economía sumergida

No están todas las que son ni son todas las que están, pero Zapatero presentó ayer en el Consejo Europeo una lista con ocho medidas para mejorar la solvencia y la competitividad de la economía española y convencer a los mercados de que sigue firme en la senda del ajuste y está a resguardo de las turbulencias que pueda provocar la crisis portuguesa. Entre las reformas que son parte del Pacto del Euro y no figuran en la carta que Zapatero dirigió al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, destaca el aplazamiento de la edad de jubilación, que ya se da por amortizado. Entre las que están y no son, o al menos no son todavía, figuran la reforma de la negociación colectiva y el techo de gasto para el conjunto de las Administraciones públicas, pendientes de un acuerdo entre los agentes sociales y con las comunidades autónomas, respectivamente.

Antes de final de abril se plasmará el acuerdo sobre negociación colectiva

Se fomentará una mayor competencia en los servicios profesionales

Solo cuatro países, entre ellos España, anticiparon sus compromisos

Se reafirma el 30 de septiembre para elevar la solvencia de cajas y bancos

El presidente se escudó en las negociaciones pendientes para no ofrecer detalles de muchas de estas medidas, que el miércoles anunció a los sindicatos y hoy explicará en La Moncloa a la patronal y directivos de más de 40 grandes empresas que operan en el mercado español. En realidad, Zapatero no fue mucho más allá de su mero enunciado, pues hasta abril no debe detallarlas a las instituciones europeas.

Las medidas más novedosas son las referidas al afloramiento de la económica sumergida y a la imposición de un límite al gasto público. Respecto a la primera, anunció la aprobación el mes próximo de un plan para legalizar el empleo irregular mediante la concesión de incentivos y durante un periodo de tiempo limitado: de junio de este año a diciembre de 2012. Zapatero no quiso hablar de amnistía ni tampoco evaluar el volumen de la economía sumergida, que algunos expertos elevan hasta el 20% del producto interior bruto (PIB) español.

Para atajar el déficit público, anunció la incorporación de una regla de gasto que "refuerce" la Ley de Estabilidad Presupuestaria y tenga en cuenta el crecimiento del PIB a medio plazo. Esta regla, que limitará la capacidad de gasto de las Administraciones, será de obligado cumplimiento para el Gobierno central y se propondrá a las comunidades autónomas para que la incorporen a su normativa interna. Zapatero abogó por tener en cuenta la existencia de déficit excesivo o superávit y por condicionar el destino de este último -por ejemplo, la amortización de deuda-, pero se remitió al próximo debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aunque insistió en que respeta la autonomía de las comunidades, se mostró confiado en lograr un acuerdo con el PP, que se aplique al menos a las Administraciones que gobiernan ambos partidos. Según el plan del Gobierno, los cambios legales deberían estar listos después del verano.

Estas son las otras medidas anunciadas ayer por Zapatero:

- El Gobierno espera que sindicatos y empresarios cierren en breve un acuerdo sobre la reforma del marco de la negociación colectiva, que se plasmará en un proyecto de ley antes de finales de abril. Zapatero aseguró que "no hay ninguna urgencia si quedan 15 ó 20 días para el acuerdo", ya que este "aportará confianza" en la recuperación de la economía española.

- Se aprobará un proyecto de ley de servicios profesionales que desarrolle íntegramente la directiva europea, limitando las reservas de actividad y la obligatoriedad de la colegiación, lo que redundará en mayor competencia y reducción de costes.

- El Consejo de Ministros creará el viernes próximo una Comisión Asesora de Competitividad, formada por siete sabios, cuya función será realizar un análisis riguroso e independiente de la evolución de la competitividad.

- El proyecto de ley concursal, aprobado el pasado día 18, facilitará que las empresas que se declaren en concurso de acreedores puedan refinanciar su deuda y no verse abocadas al cierre.

- Se desarrollarán las políticas activas de empleo, mediante planes anuales negociados con autonomías y agentes sociales. En los próximos seis meses, una batería de decretos mejorará el acceso a la Formación Profesional, su calidad y su adaptación al mercado de trabajo.

- Se reafirma el compromiso de culminar, antes del próximo 30 de septiembre, la adaptación del sistema financiero a los requisitos reforzados de capitalización. Las entidades presentarán su estrategia para cumplir los requisitos antes de final de marzo. Cualquier deficiencia adicional, como consecuencia de los test de estrés que se van a realizar, será cubierta por las propias entidades o por el FROB, el fondo de reestructuración bancaria.

De los 17 países del euro y los seis de la Unión Europea que se han comprometido con el Pacto del Euro (Polonia, Bulgaria, Rumanía, Dinamarca, Lituania y Letonia) solamente cuatro, España, Francia, Alemania y Bélgica, anticiparon ayer sus compromisos. El resto de los países tiene que efectuarlo antes del próximo mes de junio.

En su carta, Francia presentó varias medidas encaminadas a reforzar la competitividad, fomentar la contratación de jóvenes, potenciar la investigación y el desarrollo y revisar su última reforma de las pensiones. El fortalecimiento de la competitividad se apoya en un ambicioso plan de apoyo a la universidad y a la investigación que contará con una dotación de 35.000 millones de euros, de los cuales 21.900 millones se dedicarán específicamente a la enseñanza superior y a la investigación.

En cuanto al programa de formación alternativa se establece el objetivo de incorporar entre 600.000 y 800.000 jóvenes al mundo laboral. También una revisión del impacto de la reforma de las pensiones que elevará la edad de jubilación de los 60 años a los 62 años para el año 2018.

Las propuestas de Bélgica son más genéricas debido a la falta de un Gobierno estable. Las autoridades belgas explican que han enviado al Parlamento una propuesta para reducir el déficit público al 3% del PIB en el año 2012 y lograr el equilibrio presupuestario en 2015.