Sin efectos inmediatos

El que compre hoy un pen drive no se va a encontrar con una rebaja. La sentencia de la Audiencia Nacional carece, por el momento, de efectos prácticos. En primer lugar, porque no es firme, y lo más probable es que el abogado del Estado la recurra al Supremo en los próximos días con lo que la resolución definitiva tardará cuatro o cinco años más. Si Motorola, la Asociación de Internautas o cualquiera de los otros cuatro recurrentes quieren que la decisión genere efectos inmediatos, tendrán que pedir a la Audiencia su ejecución, pero a un alto coste, porque lo más probable es que el tribunal les pidiera una fianza por lo que la SGAE dejara de percibir hasta el momento en que se pronuncie el Supremo. Tampoco parece posible que se aplique la orden de tarifas anterior, como afirman en ese organismo, ya que tiene el mismo vicio que la anulada ayer, según fuentes del caso: que no se tramitó como reglamento. Además, la falta de una postura sobre las reclamaciones de las cantidades ya pagadas argumentando que corresponden a los tribunales civiles condena a los particulares a un gasto difícil de asumir. Pedir su devolución solo queda al alcance de las grandes corporaciones. Muy lejos de las pequeñas empresas y mucho más aún del ciudadano medio.