Un juez investiga si una red de banqueros, abogados y subasteros estafó con hipotecas

Un juzgado de Blanes (Selva) investiga una trama presuntamente dedicada a cometer estafas hipotecarias mediante una sutil e imperceptible maniobra jurídico-financiera. Diez personas declararán a partir de hoy ante el juez, en calidad de imputadas, por esos hechos. Entre ellas hay algunas vinculadas a dos entidades financieras (Caja Madrid y Banco Popular), además de abogados y un subastero.

El caso arrancó a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano perjudicado, Joaquim Batlle, por una supuesta estafa relacionada con la hipoteca de una finca de lujo de Lloret de Mar. La investigación de la Guardia Civil, sin embargo, ha ido engordando con el paso de los meses y engloba ahora varias transacciones cuya cuantía todavía está por fijar, pero que podría superar el millón de euros.

Los implicados en la trama obtenían grandes beneficios económicos gracias, en primer lugar, a la información privilegiada de la que disponía Pablo G. C. por su condición de jefe de recuperaciones de Caja Madrid en Cataluña y encargado, por tanto, de las relaciones con los clientes morosos, según los investigadores. El imputado tenía "acceso a todos los créditos hipotecarios", según los informes de la Guardia Civil, y cuando detectaba que un cliente tenía impagos de su hipoteca, alertaba a dos abogados externos a la entidad: Luis O. G. y Eduardo C. C.A instancias del jefe de recuperaciones, los dos abogados imputados interponían una demanda judicial para pedir la ejecución de la hipoteca. En ese punto radicaba la presunta estafa ya que, de forma paralela a ese proceso, Pablo G. C. cedía el crédito a sociedades cuyos propietarios son, precisamente, los abogados externos de Caja Madrid. El siguiente paso consistía en paralizar la subasta que, como consecuencia del juicio, tenía lugar. Para ello, Luis O. G. y Eduardo C. C. "utilizaban poderes de un solo uso que nunca aparecen en el registro mercantil", precisan los informes del instituto armado en los que se basa la investigación judicial.

Esta estrategia permitía, según fuentes del caso, que el juez no se percatara del cambio de situación: desconocía la doble condición de los abogados, que en vez de actuar en beneficio de Caja Madrid lo hacían en el propio. La maniobra no acababa ahí: el crédito era revendido, una vez más, a otra sociedad. La empresa final es propiedad del subastero implicado en estos hechos, Josep Maria G. R., que pagó 30.000 euros a los abogados por la cesión de crédito. El último paso es claro: el inmueble se acaba vendiendo a terceras personas "con beneficios para todos los intermediarios", que actúan "en connivencia", precisan los investigadores. El mayor perjudicado es "el primer propietario de la vivienda".

Pablo G. C. fue jefe de recuperaciones durante 12 años, hasta octubre de 2009, según declaró él mismo ante los agentes. La entidad se ha negado a facilitar datos sobre su situación laboral por encontrarse el caso en proceso judicial.

El caso que ha destapado la investigación comenzó en 2005, cuando la empresa de Batlle firmó una hipoteca y un contrato de intenciones con una clienta de Caja Madrid que era titular de un préstamo hipotecario. Por problemas económicos, no pudo hacer frente a las cuotas, por lo que fue objeto de una demanda de ejecución. Se trata de una casa ubicada en la urbanización La Mogoda de Lloret, cuyo valor de tasación es de 451.000 euros. La empresa se puso en contacto con Pablo G. C. para paralizar la subasta, pero el imputado dijo que no podía hacer nada porque ya había cedido el crédito a otra mercantil. La propietaria lo ignoraba todo, según consta en la denuncia. El subastero reclamó 300.000 euros a la propietaria para cancelar deudas bajo la amenaza de subastar la finca. Tuvieron que pagar.

Además de los citados, el juez tomará declaración como imputados por un presunto delito de estafa a Miquel C. M., Joan B. C. (ambos apoderados del Banco Popular), José Francisco M. F. (apoderado de Caja Madrid), Fidel L. F. (abogado)., Jorge F. E. (administrador de una de las empresas investigadas) y Marina K. En sus declaraciones ante la Guardia Civil, los implicados negaron los hechos.