La iniciativa ciudadana para cambiar la ley hipotecaria llega al Congreso

Un conjunto de ocho entidades, entre los que figuran la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los sindicatos CC OO y UGT, asociaciones de vecinos y de consumidores y entidades, todos ellos llegados de Barcelona, han entrado este mediodía al registro del Congreso de los Diputados el texto de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la reforma de la ley hipotecaria para que la entrega del piso cancele la deuda: la conocida como dación de pago. Es el primero de los siete pasos que la iniciativa debe seguir formalmente antes de arrancar, si supera todos los trámites previos, la recogida de firmas. El texto irá del registro a la Mesa del Congreso, de ahí a la junta electoral central, de ahí al Senado, volverá a la Mesa y si se le da el visto bueno todavía faltará la validación de los impresos oficiales de recogida de firmas.

"Esperamos que la tramitación sea rápida para comenzar a recoger firmas, porque hay cientos de miles de personas pendientes de esto, familias que han perdido el piso y son perseguidas de por vida", ha manifestado el secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez. Total, calculan los promotores, la recogida de firmas podría comenzar en un par de meses. A partir de entonces, de acuerdo con la normativa de las Iniciativas Legislativas Populares, sus promotores disponen de nueve meses para recoger medio millón de firmas. Un plazo que coincidiría de pleno con la precampaña de las elecciones generales de 2012 y muy probablemente obligaría a los partidos políticos a posicionarse al respecto.

Las entidades llevan años gestando una iniciativa para acabar con la dramática realidad de las familias ahogadas por las deudas que al no poder pagar su hipoteca les embargan el piso pero siguen debiéndolo. Son casi 250.000 ejecuciones desde que en 2007 estalló la burbuja inmobiliaria hasta el tercer trimestre de 2010, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

La modificación que prevé la ILP afectaría a la Ley Hipotecaria y la de enjuiciamiento civil, de manera que en los casos de primera residencia y "en deudores de buena fe", que hayan dejado de pagar por causa justificada, las personas puedan liquidar la deuda con la entrega del piso. Es lo que ocurre en Estados Unidos o en otros países a través de varios procedimientos, subrayan los impulsores, que ven en la ley española actual una "anomalía jurídica". Denuncian que la ejecución hipotecaria "condena" a los afectados a la economía sumergida, porque se les embarga cualquier ingreso, a la exclusión social y a ser usuarios "para siempre" de los servicios sociales.

Las ocho entidades impulsoras de la reforma hipotecaria son la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), CC OO, la Confederación de Asociaciones de Vecinos, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Mesa de Entidades del Sector Social, la Unión de Consumidores y UGT.