Emakunde constata "prejuicios" hacia los hijos de maltratadas

Existe una "muy buena disposición" entre los profesores para acoger a hijos de mujeres maltratadas, pero la comunidad educativa mantiene "prejuicios" a la hora de tratarlos. Emakunde ha apreciado esta situación al elaborar un informe sobre los recursos de acogida para mujeres maltratadas, un estudio presentado ayer en el Parlamento por su directora, María Silvestre, en el que se apunta que estos alumnos están "señalados" al no ser tratados por igual.

En las escuelas se suceden "ciertos prejuicios y estereotipos entre la comunidad educativa sobre los menores que han vivido situaciones de violencia", señala el estudio, que plantea reforzar la información y la coordinación con los centros escolares como la solución a estas situaciones.

Centros de acogida rechazan mujeres maltratadas por ser drogodependientes

¿Cuáles son los ámbitos de mejora hacia las mujeres que han sufrido violencia sexista y sus hijos? Silvestre aseguró, citando el informe realizado a finales de 2009, que precisamente el ámbito educativo, junto con el sanitario, es en el que "hay más dudas" sobre los protocolos de actuación. La directora de Emakunde se mostró "satisfecha" por los pasos que ha dado el sistema sanitario desde que en diciembre de 2009 el Instituto Vasco de la Mujer alertara de algunas deficiencias en la atención de las maltratadas y la comprobación de estos casos. El principal paso de Osakidetza ha sido la creación del programa Zaindu, presentado a principios de mes. Sanidad "ha obrado bastante en consecuencia", valoró Silvestre.

El informe destaca una mayor coordinación entre los servicios sociales, la policía local y la Ertzaintza que entre estos y los sistemas sanitario, educativo y judicial y lamenta que son "infrecuentes" las detecciones y las derivaciones de este tipo de casos desde ámbitos que no son el policial o los servicios sociales de los ayuntamientos.

El estudio profundiza en la situación en la que se encuentran los recursos de acogida de mujeres maltratadas. En total existen 307 plazas en este tipo de centros, "suficientes", recalcó Silvestre. Sí reconoció que hay que hacer una reflexión sobre la demanda, porque "algunos están claramente infrautilizados y otros están claramente saturados", y generar mecanismos de coordinación formales entre diferentes administraciones. Tanto Álava como Guipúzcoa cumplen con la normativa sobre estos centros, ya que es obligatorio que los municipios con más de 20.000 habitantes tengan uno. Sin embargo, en Vizcaya el 40% de las localidades con estas características no cuentan con estas instalaciones, según indica el informe presentado ayer.

Los centros de acogida observan también dificultades en la inclusión sociolaboral de las maltratadas, aunque María Silvestre reconoció el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para coordinar esfuerzos -entre la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género y departamentos como el de Empleo, a través de Lanbide, o Vivienda-.

También alertan de la dificultad para atender a mujeres maltratadas con problemas añadidos, como drogodependencias o problemas de salud mental. Según indica el informe, en algunos centros de acogida se deniega el acceso a personas con estas características.