Las Juntas envían su dictamen sobre Zambrana al juez del 'caso De Miguel

Todos los grupos de las Juntas Generales de Álava, a excepción del PNV, respaldaron ayer el duro dictamen que pone punto final al trabajo de la comisión de investigación foral sobre supuestas irregularidades urbanísticas en Zambrana, una derivada de la presunta trama corrupta del caso De Miguel. El texto será votado el próximo viernes en el pleno del Legislativo provincial, para luego ser remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, que investiga la supuesta corrupción de cargos públicos e internos del PNV en el momento de ocurrir los hechos. El texto definitivo de 10 conclusiones, tras la revisión a que debe someterlo el letrado de las Juntas para incluir las enmiendas de los grupos, se conocerá el lunes.

'El texto cuestiona la acción de Iñaki Nafarrate, quien sucedió a De Miguel

El PNV se muestra "moderadamente satisfecho" con las conclusiones

Las Juntas Generales concluyen que lo que tenían en común los cargos públicos y políticos y los dueños de las empresas implicados era su pertenencia al PNV y ponen de relieve las graves consecuencias para la Diputación alavesa que puede terminar teniendo el caso en función del recurso de la empresa Riera, perjudicada en varios millones de euros. El Gobierno foral quedará obligado en adelante a avalar con informes técnicos sus decisiones políticas para no dejar a la institución inerme como ha ocurrido en este caso y a informar a las Juntas Generales de cualquier operación de recalificación de terrenos de la que tenga conocimiento, de forma que los grupos puedan realizar un control que podría calificarse de preventivo.

El dictamen saldrá el viernes con el aval de la amplia mayoría que suman PP, PSE, Eusko Alkartasuna, EB-Aralar y el Grupo Mixto (la antigua ANV), que suman 37 de los 51 integrantes de la Cámara foral. La minoría en que se encuentra el Gobierno de Xabier Agirre quedará patente en los 14 votos en contra que emitirá el grupo del PNV.

El dictamen será enviado al juez Roberto Ramos, que investiga, entre otros, al anterior diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel.

La comisión ha decidido actuar de dicha forma tras constatar diversas irregularidades sobre las que el juez deberá determinar si además son delito. Las Juntas enviarán su dictamen igualmente al Parlamento, donde otra comisión investiga las otras derivadas de la trama: contratos supuestamente irregulares con el Gobierno; el presunto espionaje del caso Telleria, que ayer el juez se negó a archivar como habían pedido los imputados, y otras recalificaciones de terrenos en Vizcaya.

Después de cuatro horas de reunión para redactar el texto definitivo incorporando enmiendas parciales de los grupos, los representantes del PNV, que vieron rechazada la suya a la totalidad y la mayoría de las parciales, votaron en contra del dictamen, que se atiene en lo fundamental a la propuesta preparada por el presidente de la comisión investigadora, el popular Javier Ruiz de Arbulo.

El PNV, que sostiene en solitario al Gobierno de Agirre, mantendrá previsiblemente esa misma postura en pleno, pese a que su portavoz, Ramiro González, se declaraba ayer "moderadamente satisfecho", al considerar que la gestión de su partido al frente de la Diputación queda limpia de polvo y paja.

En cambio, el dictamen pone en cuestión, entre otras, la actuación de Iñaki Nafarrate, sustituto de De Miguel como diputado foral, quien le relevó en el cargo tras ser su director junto a Izaskun Martínez de Lahidalga. En su condición de tales, ambos se opusieron al dictamen de los técnicos que rechazaban la operación de Zambrana, en lo que se consideró primero como una pelea interna en el Gobierno entre el PNV y EA para revelarse como algo diferente después de estallar el escándalo.

A diferencia de las tensas relaciones en la comisión de investigación del Parlamento sobre el caso De Miguel, el clima en el que ayer se redactaron las conclusiones resultó inusitadamente distendido.