Imputado el extesorero de CDC por comisiones ilegales en el 'caso Palau'

El caso Palau le ha estallado de nuevo en la cara a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Y esta vez como partido de Gobierno. El juez que investiga el desfalco de la entidad musical catalana imputó ayer al extesorero del partido nacionalista Daniel Osàcar por el presunto pago de comisiones irregulares que Convergència recibía a través del Palau a cambio de la adjudicación de obras públicas al grupo Ferrovial. La decisión judicial ha puesto en jaque a Convergència y ha desatado una tormenta política.

Además de a Osàcar, el juez ha citado a declarar como imputados al directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura; a dos responsables de la empresa GPO Ingeniería, Emilio Vidal y Álvaro Palao; a los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, y a la hija de este, la exadministradora Gemma Montull. Las imputaciones forman parte de una pieza separada del caso Palau, por el que se investiga el desfalco de unos 35 millones del Palau de la Música.

Según el auto judicial, el objetivo de la investigación es conocer "el destino real de las donaciones realizadas por Ferrovial al Palau de la Música" entre 2001 y 2008. El juez considera que hay indicios para pensar que las aportaciones eran, en realidad, "contraprestaciones" en las que los responsables del Palau actuaban como intermediarios en la adjudicación de obra pública a la constructora.

Los peritos judiciales de la Agencia Tributaria señalan que las partidas que podrían haber servido para satisfacer comisiones de CDC suman 2,33 millones. En esos informes aparecen cifras ligadas a un tal "Daniel", que presuntamente sería Daniel Osàcar. El auto cita como ejemplo un documento de 2008 en el que se indica que "Daniel" recibió 675.855 euros. Ese dinero iba a parar, supuestamente, a CDC y a entidades afines, como la Fundación Ramon Trias Fargas.

En ese entramado, Millet desplegaba "una amplia actividad en dos sentidos: reclamando la adjudicación de obras y apremiando a Ferrovial para que no se retrase en el pago de las cantidades comprometidas". En el ordenador de su lugarteniente, Jordi Montull, apareció información sobre la adjudicación de las obras de la Ciudad de la Justicia.

Buenaventura era la "persona de contacto" de Millet en la constructora. El saqueador confeso del Palau le envió cartas comprometedoras. En una de ellas, de mayo de 2002, le informó de la adjudicación de un pabellón deportivo en Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). Lo hizo antes de que finalizasen los trámites y precisaba, incluso, el monto exacto de la operación. La carta termina así: "Creo que sería conveniente que comentáramos el tema lo antes posible".En otro escrito de la misma fecha, aparece aplicado un porcentaje del 4% al precio de la adjudicación del pabellón. Ese mismo porcentaje figura también en las obras de la Ciudad de la Justicia y en la adjudicación de las obras de la línea 9 del metro. El juez, Miguel Ángel Tabarés, ha pedido abundante documentación -en algunos casos, con una "cronología detallada" de las resoluciones administrativas- de estas tres obras para averiguar si hubo irregularidades.

Tabarés ha resuelto en apenas tres días las peticiones de la fiscalía de imputar a diversas personas por el cobro de comisiones, celeridad que contrasta con la lentitud de su antecesor en la investigación, Juli Solaz. El nuevo juez del caso Palau ofrece al Orfeó Català y a la Fundación del Palau de la Música que se personen en la causa "en calidad de perjudicados" por el desvío económico.

La fiscalía también había solicitado la imputación de los responsables de las empresas Altaforma, Hispart, New Letter y Letter Graphic, que facturaron, supuestamente, casi dos millones al Palau por trabajos que, según los gestores de la entidad musical, nunca se realizaron. El juez considera que, por ahora, no es necesario. Sí ha atendido, en cambio, la petición de que acudan a declarar como testigos diversas secretarias de Millet y Montull, así como la ex directora general del Palau, Rosa Garicano.

La oposición en bloque exigió ayer explicaciones al líder de Convergència y presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien optó por permanecer en silencio. En su lugar, el portavoz de CiU en el Parlamento, Oriol Pujol, salió en defensa de Osàcar, que fue administrador del partido hasta el pasado noviembre. La salida de Osàcar fue disimulada entonces con la marcha el mismo día de otro peso pesado de Convergència, David Madí, que fue secretario de comunicación del partido.

En las filas de Convergència había temor porque lo ocurrido ayer podía pasar en cualquier momento. Sin embargo, la decisión del juez coge al partido en un momento delicado: necesitado de apoyos parlamentarios para aprobar los grandes recortes y a las puertas de la campaña electoral para las elecciones municipales.

La oposición, comenzando por el PSC, mantiene que más preocupado debe de estar el Gobierno. Ni el Partido Popular, que busca acercarse a CiU desde hace semanas, dejó pasar la imputación del extesorero de Convergència: el diputado Pere Calbó dijo que Mas debe dar explicaciones "de forma inmediata". En las filas de la izquierda vieron la decisión del juez como la justificación de la larga comisión de investigación parlamentaria en la que CiU siempre eximió a Osàcar de cualquier vinculación con el caso Palau. "Ahora es el juez el que cree que el Daniel de las libretas es Daniel Osàcar", dijo la diputada ecosocialista Dolors Camats. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, apuntó directamente al presidente de la Generalitat: "Ni Artur Mas ni Convergència pueden seguir escondiéndose tras esta imputación".