El Tribunal Superior tumba las obras de la M-30 por carecer de evaluación ambiental

Varapalo por partida doble al Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló ayer las obras del soterramiento de la M-30 y dio la razón en dos sentencias al PSOE y a Ecologistas en Acción, que habían recurrido el proyecto faraónico de Alberto Ruiz-Gallardón. ¿La consecuencia práctica de la decisión de los jueces? Ninguna. Ni la M-30 se va a demoler ni va a sufrir ningún cambio. Como mucho, los socialistas y los ecologistas pueden hablar de una victoria moral.

Además, en un mal día para los intereses del Ayuntamiento, el TSJM anuló 57 artículos de la ordenanza municipal de licencias (que delegó el proceso de concesión a empresas privadas) al aceptar sendos recursos de la Comunidad de Madrid y de una asociación de empresarios del ocio.

"La resolución no tiene efecto alguno", dicen desde el Consistorio

El origen del conflicto de las obras de la M-30 está en la decisión del Ayuntamiento de trocear el proyecto (que se desarrolló durante 30 meses, terminó pocos días antes de las elecciones municipales de 2007 y costó más de 3.500 millones) de forma que no fuera necesario realizar un informe de impacto ambiental. El Consistorio dividió las obras de manera que ninguno de los tramos superara los cinco kilómetros (con lo que se ahorraba la declaración de impacto ambiental que exige la normativa autonómica) o los 10 kilómetros (con lo que hacía lo propio eludiendo la legislación estatal y europea).En 2005 Ecologistas en Acción recurrió el proyecto. Tras un largo proceso, el Juzgado número 22 de lo Contencioso-administrativo hizo una consulta en 2008 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estableció que la M-30 debería haberse sometido a una declaración de impacto ambiental previa al inicio de los trabajos. Tras esto, el juzgado español declaró nulas las obras en varios tramos de la carretera (que, a pesar de que la lógica dice que es una autovía, el Ayuntamiento considera como calle). El Consistorio recurrió entonces y una de las sentencias conocidas ayer desestima ese recurso.

Por otro lado, el grupo socialista también recurrió las obras de la M-30 cuando las aprobó el Gobierno de Gallardón, aunque al principio no se le dio la razón. El PSOE apeló al TSJM y este ha fallado en la otra sentencia hecha pública, y tomando parte de los argumentos de la sentencia de 2008, que los socialistas tenían razón en sus argumentos y en consecuencia anula nueve de los 12 tramos del proyecto de la M-30.

El galimatías jurídico se resume en una frase del TSJM: "A estas alturas ya no se cuestiona la necesidad de haber sometido los proyectos a procedimiento de evaluación de impacto ambiental", dicen los jueces, que prosiguen: "Estimamos que era incorrecto eximirlo por la sola circunstancia de que discurriese por zonas urbanas". Una conclusión "que viene a coincidir con la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Y continúan: "La necesidad de someter los proyectos a los procedimientos de evaluación ambiental había sido admitida por el propio Ayuntamiento al aceptar las condiciones impuestas por la Comisión Europea". Estas condiciones eran: se permite al Consistorio acabar las obras siempre que se realice la evaluación de impacto ambiental una vez que se hayan terminado.

Es decir: la justicia ha anulado las obras de la M-30 por partida doble, una en el año 2008 y otra ahora. Y contra la decisión de los jueces no cabe ya recurso alguno. Pero, echando mano del refrán, la postura del Ayuntamiento es: ahí me las den todas. Porque es obvio que el soterramiento de la M-30 no tiene vuelta atrás. Y así lo afirma un portavoz del Consistorio: "La sentencia no tiene efecto alguno".

Distinta es la opinión de los demandantes. Para Ecologistas en Acción, la obra es ilegal y el Ayuntamiento la hizo sabiendo que lo era. "Además, ha arruinado a la ciudad durante 35 años por la deuda que conlleva y no ha solucionado ni los problemas de tráfico, ya que se siguen produciendo atascos, ni los de contaminación, porque todos los años se superan los niveles de algunos contaminantes", asegura Paco Segura, uno de los portavoces de la organización. Y se pregunta: "¿Va Gallardón a dar ahora explicaciones? En cualquier país civilizado ya habría dimitido".

Por su parte, el candidato de los socialistas a la alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, declaró ayer que Alberto Ruiz-Gallardón "ha hecho trampas" y afirmó que los criterios de gestión del actual regidor son "las prisas, el electoralismo, la ilegalidad, la picaresca y la insensatez", y todo ello con un fin, "burlar la ley, con absoluto descaro y doble moral".

Ángel Pérez, candidato de IU a la alcaldía, declaró a Europa Press que "la razón ha sido pisoteada una vez más". Además, según Pérez, este fallo "sirve para decir lo que está mal hecho, que es la M-30, pero no para evitarlo. La justicia sigue siendo un instrumento bastante ineficaz".