Dos sentencias desautorizan el sistema de licencias privatizado de Gallardón

La ordenanza que regula la gestión y el control de las licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid excede las competencias del Consistorio y además vulnera varios artículos de la Constitución. A esa conclusión llegan dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que anulan la mayor parte de los artículos de la ordenanza y dan así la razón a la Comunidad de Madrid y a la Asociación de empresarios de espectáculos, salas de fiesta, discotecas y ocio que la recurrieron en cuanto la aprobó el pleno el 29 de junio de 2009.

"La autonomía local es de naturaleza administrativa y no política a diferencia del Estado y las comunidades autónomas, lo que implica que sus competencias no son de legislación, potestad de la cual carecen, sino de mero gestor", asegura el fallo que da la razón a la asociación de empresarios de ocio, basándose en una sentencia del Supremo de 1982. El TSJM considera que el Consistorio no debió facultar a las empresas privadas -actualmente hay 27 acreditadas-, llamadas entidades colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU), para gestionar las licencias. Su creación, dice uno de los fallos, "no es competencia del Ayuntamiento y no tiene cobertura legal suficiente".

Estas entidades se crearon a raíz del mayor escándalo de corrupción del Ayuntamiento de Madrid, el caso Guateque, justo dos años después de que se destapara la trama de corrupción en torno a las licencias. Se trataba de delegar el proceso de gestión de los permisos, hasta entonces únicamente en manos municipales, a entidades privadas con el objetivo de agilizar el proceso. El nuevo sistema concitó críticas de la oposición y el Colegio de Arquitectos, entre otros.

El Ayuntamiento anunció ayer que recurrirá las sentencias. "Son muy flojas jurídicamente hablando", aseguró el concejal de Hacienda, Juan Bravo, que está convencido de que la ordenanza tiene suficiente cobertura legal. El sistema está funcionando bien, añadió, ya que ahora se dan las licencias en menos de un mes, cuando antes se tardaba hasta un año. Con el recurso, la aplicación del fallo queda suspendida: las ECLU seguirán trabajando como hasta ahora.