La Fiscalía del Estado ordena no archivar ningún robo de bebés

Elvira Tejada, fiscal de sala de la Fiscalía del Estado, ordenó a los fiscales jefes provinciales, reunidos la pasada semana en Sevilla, que no se archive ningún caso en tanto no avancen las investigaciones de la policía. Durante dicha cumbre de fiscales jefe se abordó, entre otros asuntos, el de los niños robados. Hubo división de opiniones al respecto, dado que algunos fiscales se mostraron partidarios de archivar los casos a la vista del tiempo transcurrido, de las dificultades de su investigación, de la posible prescripción de los delitos y de la falta de antecedentes de un caso de esta naturaleza. Fue Elvira Tejada, que actuó en nombre de Conde Pumpido, quien terminó el debate pidiendo que no se archivara ningún caso hasta que no avanzaran las investigaciones policiales.

Solo Cádiz y Algeciras suman más de 150 casos en estos momentos

La muerte del hijo de Isabel Aguera la firmó una matrona desconocida

En tres semanas el número de denuncias se ha multiplicado hasta tal punto que la Fiscalía General del Estado carece en estos momentos de una cifra exacta. Para algunas fiscalías andaluzas el problema adquiere grandes dimensiones, caso de Málaga, que ha pasado de 7 a 40 denuncias y, sobre todo, de Cádiz y Algeciras, que suman entre ambas más de 150 en estos momentos. Estas dos últimas fiscalías han tomado la decisión de no informar siquiera del número de diligencias abiertas. En cualquier caso, es en Málaga y en Cádiz donde la policía comenzó a trabajar hace meses.

Las investigaciones practicadas en Málaga no permiten aventurar que exista una trama organizada. No se vislumbran coincidencias respecto a unos mismos ginecólogos o matronas. Tampoco aparecen religiosos. Una mayoría de casos tienen como epicentro el antiguo Hospital Civil de Málaga, ya desaparecido. Hay lagunas de información por la desaparición de historiales clínicos como consecuencia de unas inundaciones que dañaron parte de los archivos de dicho centro. Faltan datos en varios cementerios a la hora de poder certificar el entierro de algunos cuerpos.

Uno de los casos investigados por la policía en Málaga hace referencia a una denuncia de una mujer que dio a luz una niña el 25 de abril de 1976. Aparentemente fue un parto normal. La niña pesaba 4,6 kilos y la madre pudo conocerla. Las complicaciones surgieron horas después, cuando la matrona se llevó al bebé para que lo examinara el pediatra, según cuenta la madre. Ella se durmió y al despertar le informaron de que la niña estaba grave. Horas después, le llegó la noticia de que había fallecido. A diferencia de otros casos denunciados en Málaga, el marido, que es funcionario, rechazó que el hospital se encargue de los trámites del entierro. Aunque le recomendaron no ver el cuerpo del bebé, lo recogió en una pequeña caja y lo trasladó él mismo al cementerio de San Rafael, donde fue enterrado en una fosa para 10 años. Nueve años después, cuando la familia debía trasladarse a Melilla, el marido acudió al cementerio para prorrogar la estancia en la fosa dos años más. Y antes de que se cumpliera el plazo, acudió de nuevo para exhumar el cuerpo y depositarlo en un panteón junto a su bisabuela. En ese momento, se encuentra con la sorpresa de que no hay nada en la fosa. La investigación policial sobre este caso no puede avanzar demasiado: no hay documentación sobre los restos en el cementerio y tampoco aparece el historial clínico del parto. La policía tampoco avanza en el caso de Isabel Aguera Vázquez, que tuvo complicaciones en el parto el 15 de agosto de 1970 y el bebé fue dado por muerto. Hay un parte firmado por una matrona, cuyo nombre no consta en los archivos del Sistema Andaluz de Salud (SAS) como profesional. La policía trata de contactar con una segunda matrona, pero esta falleció en 2008. No se localizan los historiales médicos.

Más larga va a resultar la investigación del casi medio centenar de casos registrados en La Línea de la Concepción, que dependen de la fiscalía de Algeciras. Los casos arrancaron a partir de la investigación de dos hermanas, Cristina y Flor Díaz Carrasco, que guardan una foto obtenida por su abuela con un hermano presuntamente muerto al nacer. En esta localidad se producen un número de circunstancias que levantan sospechas. Una de ellas es la ausencia de datos en los cementerios sobre enterramientos de numerosos bebés fallecidos. Y en los partos relacionados con esos fallecimientos intervienen mayoritariamente al menos dos ginecólogos muy conocidos en la ciudad. Se produce también otra anomalía, como es la presencia de dos personas como firmantes en numerosos documentos de la época, sea inscripción de nacimientos, legajos de abortos o traslados de cadáveres. En los libros de dicho centro que constan en el archivo histórico faltan los tomos de los años 1964 y 1965.

Numerosas familias han declarado ya ante la policía y, en este caso, la fiscalía de Algeciras ha puesto en marcha la toma de pruebas de ADN. Paralelamente a estas actuaciones, el ginecólogo Abelardo García Balaguer, quien aparece mayoritariamente mencionado en las denuncias, tomó la decisión de dimitir por "razones personales" de su cargo como presidente electoral del Partido Popular en la Línea de la Concepción. García Balaguer no quiso explicar en ningún momento el motivo de su dimisión, aunque fuentes de su entorno confirman que la inminencia de unas elecciones municipales y la posibilidad de que su apellido salga salpicado por este caso fueron argumentos utilizados dentro del partido para recomendarle una dimisión. García Balaguer, desde ese momento, se ha negado a hacer declaraciones sobre el caso y ha rechazado toda posibilidad de una entrevista. Otro de los ginecólogos mencionados, Fernando Martínez Martínez, ha negado tener relación con irregularidad alguna, pero reconoció a un canal de televisión haber adoptado a dos niños en aquella época.