Acceso libre a la información

España es uno de los pocos países de Europa que no tiene una ley de libre acceso a la información. Esto supone una auténtica limitación para las personas que deseen conseguir información sobre las entidades públicas y el Gobierno. La Constitución española en su artículo 20 reconoce el derecho a la información, así como en su artículo 105 reconoce también el acceso a los archivos y registros administrativos, pero no se ha elaborado aún una ley que desarrolle el acceso a esta información.

Que esto suceda en un país democrático deja mucho que desear, ya que encontrar información sobre los entes públicos se puede convertir en una auténtica dificultad, no solo para los profesionales de la comunicación, que muchas veces se ven limitados en la realización de su trabajo, sino para todos los ciudadanos españoles que tienen también el derecho reconocido a la información y deberían tener acceso a ella cuando quieran, en el menor tiempo posible y de la manera más sencilla con ayuda de los funcionarios competentes.

El secretismo en España debe desaparecer. Es necesario que esta ley comience a ser una iniciativa y un hecho que no quede en meras propuestas de distintos grupos. Es importante que un país no solo parezca democrático, sino que también demuestre serlo.