China se opone a una intervención en Libia y pide una salida negociada a la crisis

El Gobierno chino, tradicionalmente contrario a intervenir en los asuntos internos de otros países, pidió ayer de nuevo una salida negociada a la crisis en Libia y dijo que cualquier acción autorizada por Naciones Unidas debe respetar la soberanía y la integridad territorial del país y garantizar que contribuye a devolver la estabilidad lo antes posible. China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y, por tanto, con derecho a veto. De ahí que su posición sea clave ante la posibilidad de una intervención militar extranjera y la propuesta de Reino Unido y Francia de establecer una zona de exclusión aérea sobre el país norteafricano.

Pekín quiere que la comunidad internacional se centre en aplicar la actual resolución del Consejo, y ayer urgió "a todas las partes afectadas a que resuelvan el conflicto y calmen la situación a través del diálogo y otros medios pacíficos", según aseguró Jiang Yu, portavoz de Exteriores, informa Reuters.

Pekín censura la información sobre las revueltas y veta las manifestaciones

El Gobierno chino apoyó la resolución de embargo de armas y otras sanciones contra el régimen de Muamar el Gadafi y la investigación de sus posibles crímenes por parte de la Corte Penal Internacional, pero preferiría no ir más allá. "Si en el próximo paso, el Consejo de Seguridad emprende alguna acción dependerá principalmente de si contribuye a que Libia regrese a la estabilidad lo antes posible", afirmó Jiang. "La soberanía de Libia, la integridad territorial y la independencia deben ser respetadas", señaló la portavoz, quien agregó la importancia de escuchar también la posición de los países árabes y africanos.

Pekín se encuentra en una situación incómoda, pinzado entre sus crecientes responsabilidades internacionales, sus grandes intereses económicos en Libia y su tradicional posición de rechazar la injerencia extranjera.

China ha montado una efectiva operación para evacuar a sus nacionales del país norteafricano, con el envío de barcos y aviones tanto civiles como militares. El domingo pasado anunció que había completado el rescate de los últimos ciudadanos chinos que quedaban de los alrededor de 36.000 que trabajan en Libia, principalmente en la industria petrolera, la construcción de ferrocarriles y el sector de telecomunicaciones.

Aunque no ha trascendido que haya muerto o resultado herido ningún chino en Libia, obras y negocios realizados por el país asiático han sido saqueados. Compañías como China State Construction Engineering y China Railway Construction se han visto obligadas a abandonar a medias sus proyectos. La situación ha supuesto a Pekín un nuevo recordatorio de las dificultades de su cada vez mayor presencia en el extranjero. Según expertos de la Universidad de Pekín, las empresas chinas tenían contratos en Libia valorados en unos 18.000 millones de dólares (12.900 millones de euros).

La posición china ante una potencial intervención extranjera está marcada también por su propia situación interna. El Gobierno está siguiendo con gran inquietud las revueltas en los países islámicos, ante la posibilidad de que sirvan de catalizador a protestas dentro de sus fronteras.

Es poco probable que se produzcan revueltas similares en China, pero las autoridades han tomado contundentes medidas para atajar cualquier conato, como censurar la información y vetar el debate sobre las revoluciones árabes; bloquear la difusión de las convocatorias a manifestarse cada domingo en China, realizadas a través de una página web en Estados Unidos; detener a decenas de activistas, y acusar de querer subvertir el poder del Estado a quienes propagan las convocatorias.

Además, han prohibido a los periodistas extranjeros que acudan a los lugares designados para las manifestaciones en Pekín y Shanghái, bajo amenaza de ser expulsados de China. Algunos informadores han sido detenidos, otros están siendo acosados y seguidos por policías o están siendo vigilados en sus casas por agentes de paisano, según el club de corresponsales de Pekín. Esta práctica habitualmente empleada con los disidentes se ha extendido ahora a los informadores extranjeros.