Un fiscal anticorrupción asume el 'caso Palau' y las supuestas comisiones a CDC

Cambio de fiscal en el caso Palau. Emilio Sánchez Ulled será el representante de la fiscalía en las diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona por el saqueo del Palau de la Música y en la pieza separada sobre el supuesto pago de comisiones a Convergència a través de la institución.

Sánchez Ulled es uno de los dos profesionales adscritos a la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona y preside la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Es el firmante de la querella que dio pie a este proceso judicial y que motivó la entrada de los Mossos d'Esquadra en el Palau de la Música el 23 de julio de 2009. Por entonces nadie imaginaba la magnitud del saqueo. La fiscalía hablaba en la querella de poco más de dos millones de euros y el informe entregado el pasado verano por los peritos de Hacienda lo sitúa en unos 35.

Emilio Sánchez Ulled sustituye a los Francisco Bañeras y Pedro Ariche, encargados hasta ahora del caso. El cambio de fiscal se produce a los pocos días de que se haya materializado también el cambio de juez instructor, tras la marcha de Juli Solaz a la Audiencia de Barcelona. Le ha sustituido de manera provisional, en comisión de servicios, Miguel Ángel Tabares, que es titular del Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona, a la espera de que se convoque la plaza del número 30.

Esta situación de interinidad, sin embargo, no tiene por qué ralentizar la investigación. El fiscal puede seguir presentando escritos, reclamando diversas pruebas y la imputación de más personas, pero corresponde al juez acordarlas o rechazarlas, que es lo que hizo Solaz en varias ocasiones, acotando así los términos de la investigación.

El informe de la Agencia Tributaria constata que el partido de Mas se embolsó 5,9 millones de euros en comisiones ilegales de hasta el 4% de las obras públicas adjudicadas por los Gobiernos de Jordi Pujol desde el año 2000 a través de la constructora Ferrovial. La compañía siempre ha negado los pagos. Según los peritos, el Palau de la Música se quedaba con entre el 0,5% y el 1,5% del importe de las obras, y el resto iba a parar a las arcas de CDC, tanto en efectivo como a través de la Fundación Ramon Trias Fargas.

Más de dos meses después de que se lo pidiera el fiscal, Solaz abrió pieza separada por estos pagos el día antes de irse, pero declinó imputar al tesorero de CDC, Daniel Osácar, y al secretario de Inmigración del partido, Àngel Colom. Ahora el nuevo juez puede reconsiderar esa y otras decisiones.