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Cerco político al presidente valenciano

Los socialistas no entienden la continuidad del presidente valenciano

"Es increíble que el señor Camps no dimita y que sea apoyado por el PP cuando tiene una acusación formal en un proceso penal". El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, reflejó ayer una opinión que comparten los socialistas valencianos. El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, apeló a "un último acto de dignidad histórica" para que Camps se marche y apuntó a Mariano Rajoy como "cómplice" mientras se preguntaba "cómo se financió y organizó" el congreso del PP en Valencia celebrado en 2008 en el que fue elegido presidente nacional. Alarte dejó caer que tal vez Camps "ponía los votos y los Gürtel la organización".

Entre los populares, sin embargo, hubo cierre de filas. Singularmente, de parte de dirigentes nacionales del partido. Así, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, lanzó un cable a Camps al asegurar que había reunido al comité electoral "a instancias" de la dirección nacional del PP, mientras Javier Arenas afirmaba que el partido "no se ha planteado ningún escenario" en el que Camps no sea candidato, y Esteban González Pons se declaraba dispuesto a poner "las dos manos en el fuego" por Camps.

Defensa de los jueces

Los populares siguieron lanzando dudas sobre la independencia de la fiscalía y del sistema judicial, unas declaraciones que han sido especialmente duras en los portavoces del PP valenciano. La consejera del Gobierno de Camps y coordinadora de su campaña electoral, Paula Sánchez de León, salió en apoyo de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que llegó a afirmar que "la transición no ha pasado por el poder judicial". Sánchez de León mostró su "plena coincidencia" con Barberá, dijo que también el poder judicial es "susceptible de crítica" y atribuyó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "la línea de separación de poderes haya quedado difuminada".

La portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo, salió al paso de la ofensiva de los populares al calificar de "inadmisibles" las declaraciones de la alcaldesa de Valencia. "La sociedad no está cuestionando la independencia de los jueces", señaló. "Los políticos deben ser respetuosos con las decisiones de los tribunales y con la actuación del poder judicial", añadió Bravo, que pidió que se centre el debate en lo que está ocurriendo, que no es otra cosa que la imputación de un delito al presidente de la Generalitat valenciana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de febrero de 2011