El sangriento saqueo del franquismo

La represión fue más allá del asesinato. El franquismo, además de entregarse al saqueo propio de las batallas, sistematizó el robo de bienes y lo prolongó mucho después de la guerra. Un doble castigo que buscaba el beneficio del régimen y la extinción de las familias "rojas" y de su futuro. Cinco investigadores del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, de la CGT, han puesto en marcha el proyecto Rapiña, que pretende reunir toda la documentación posible para publicar un volumen sobre estos expolios, algo que no recoge ni la Ley de la Memoria.

El franquismo acabó con la vida y los bienes de Germán Franco Santiago y Ramona Puntas en uno de los episodios del terrible drama que vivió la localidad sevillana de Guillena durante la guerra. Pero sus descendientes han sobrevivido y con ellos la memoria de la familia.

Germán y Ramona, como recoge el investigador Leonardo Alanís, llegan de Brasil en 1929 con una niña de tres años y un gran capital de 800 dólares. Se asientan en Guillena, donde llegan a disponer de ocho casas y solares. Le recuerdan como un buen hombre, de izquierdas, pero comprometido con la libertad. De hecho, le atribuyen la salvación del párroco y de la iglesia durante la guerra.

Pero no sirvió. Él desapareció y su esposa fue fusilada. La pequeña Josefa Franco Puntas vio desde debajo de una mesa cómo se la llevaban los fascistas. Antes, les habían confiscado todos los bienes y obligado a firmar la "papeleta" de la comandancia militar, donde se detalla que se atiene a los bandos de 11 de septiembre y 5 de noviembre de 1936.

Una instrucción de 9 de abril de 1937 fechada en Sevilla narra cómo "un rumor entre la tropa" de que una familia era "roja" bastaba para el expolio. Se sabe porque la afectada protestó y demostró que todos los miembros de su familia, "a excepción de su hermano", "eran personas de orden y afectos al Movimiento". Le devolvieron los bienes, pero se exculpó a los expoliadores "conforme al artículo 396 del Código de Justicia Militar".

No era lo habitual. Cecilio Gordillo, miembro del equipo del proyecto, destaca que el robo era sistemático y el objetivo "dejar hambre". "Lo peor es que se perpetúa cuando acaba el conflicto", afirma el investigador e historiador José Luis Gutiérrez.

El profesor de la Universidad de Sevilla Antonio Miguel, también miembro del grupo, añade que "la rapiña se llevó a cabo como complemento de la represión personal" y destaca que los bienes en algunos casos se blanquearon con falsas ventas y en otras ocasiones ni eso. Recuerda que se hicieron grandes fortunas y hasta bibliotecas.

De esta situación se beneficiaron el Estado y particulares. Algunos afectados han intentado recuperarlos u obtener una compensación, pero se han estampado con dificultades legales. Es el caso de Paqui Maqueda, bisnieta de Juan Rodríguez Tirado, a quien fusilaron en 1936. A su bisabuela la echaron de su casa de Carmona (Sevilla). Uno de sus tres hijos murió con 96 años en Barcelona. Padecía alzheimer y la memoria le fallaba; sin embargo, "nunca olvidó la dirección de su casa en Carmona", recuerda Maqueda.

En el Registro de la Propiedad figura su familia como propietaria desde 1920 y tras el pago de 16 pesetas. También está la anotación de la incautación por parte del Estado. Sin embargo, ahora está en manos de otra familia. Ha reclamado al Ministerio de Hacienda, pero le han respondido que, aunque sí existe una ley sobre las propiedades intervenidas a partidos y sindicatos, "actualmente no existe disposición legal vigente que ampare o pueda dar cobertura a una posible restitución de bienes y derechos incautados a particulares durante el periodo 1936-1939".

"No sé si me devolverán la casa, pero al menos que nos compensen por el robo", afirma Maqueda. No quiere implicar a los actuales propietarios de la vivienda porque sostiene que "los crímenes no se heredan", pero asegura que tiene que ser el Estado quien resuelva este conflicto y no los particulares.

La confiscación de bienes a las familias ha estado marcada por el tabú y no ha sido objeto de investigación exhaustiva. Sí se tienen documentados hechos similares con grandes empresas. Con algunas, la acción del franquismo cumplió múltiples objetivos. Es el caso del fusilamiento de Constantino Ruiz Carnero, el último director de El Defensor. En el libro Granada, 1936: Muerte de un periodista, Francisco Vigueras investiga y narra el asesinato de este íntimo amigo de Federico García Lorca en la tapia del cementerio de San José. El semanario Patria se apropia de las máquinas incautadas a El Defensor. También de las de La Publicidad. Con eso no sólo consiguen una empresa con un material moderno y competitivo, también acallan una voz de la democracia y la justicia y su medio de difusión.