El fiscal acusa a Camps de cohecho por recibir 14.000 euros en regalos

La posición del presidente de la Generalitat valenciana es cada vez más difícil de defender. Francisco Camps recibió ayer varias comunicaciones judiciales y todas resultaron contrarias a sus intereses. Camps había instado al ministerio público a pedir el archivo del caso de los trajes, y la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano un severo escrito de conclusiones en el que pide sentarlo en el banquillo por un delito de cohecho continuado: haber recibido en consideración de su cargo "al menos" 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros de la trama Gürtel entre los años 2005 y 2008. Su abogado había intentado, paralelamente, dilatar el procedimiento planteando nuevas diligencias, y tanto el juez instructor, José Flors, como la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, las rechazaron.

Anticorrupción pide para Camps una pena de multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros. En total: 41.250 euros. La fiscalía recuerda que el castigo que reclama para el presidente valenciano es acorde con el Código Penal vigente cuando se cometieron los hechos. Con la nueva redacción del Código Penal, pactada el año pasado por PSOE y PP, el mismo comportamiento está castigado con pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

La fiscalía solicita la misma pena para Ricardo Costa, que en el momento de los hechos era secretario general del PP valenciano y hoy es diputado regional; y Rafael Betoret, que era jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y es ahora jefe de protocolo de la Diputación. Para Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat, pide una multa de 35.000 euros. Los cuatro habrían recibido regalos de la trama por valor de 40.374 euros en tres años.

El ministerio público considera acreditado que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, "con el fin de ganarse la amistad y el favor" de los imputados, "les hicieron llegar de forma continuada y en consideración a la naturaleza y rango de sus cargos determinados regalos para su uso personal, tales como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir". Y que los acusados los recibieron siendo conscientes de que les eran entregados por su cargo, "desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre materias en relación con las cuales Correa, Pérez y Crespo mantenían importantes intereses económicos".

Entre 2004 y 2009, Orange Market, la empresa de El Bigotes (a quien Camps se refería como "amiguito del alma"), obtuvo contratos del Gobierno valenciano por unos 16 millones de euros.

Los regalos, señalan las fiscales, eran adquiridos en las tiendas Milano y Forever Young y eran abonados por seis empresas de la trama: Easy Concept, Diseño Asimétrico, Good & Better, Servimadrid y Orange Market. Los pagos a veces eran en efectivo y otras, a través de cheques y transferencias. Previamente, los empleados de las tiendas contactaban con los imputados para tomarles medidas. Camps y los otros tres acusados recibían las prendas en sus domicilios, en casa de El Bigotes, o en Orange Market.

Anticorrupción ofrece un anticipo del circo en el que se convertirá el TSJ valenciano si, como todo apunta, se abre juicio oral. La fiscalía solicita interrogar a los acusados y que comparezcan 22 testigos y peritos policiales, de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ante un jurado popular.

El ministerio público insiste en suspender el procedimiento hasta que no se resuelvan las dos inhibiciones del juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel, en favor del TSJ valenciano. Su aceptación implicaría el traslado a Valencia de nuevos delitos (cohecho, financiación ilegal, delito electoral, contra la Hacienda pública y otros) en los que estarían implicados 14 miembros del Gobierno y el PP valencianos.