El juez reclama a Jordi Carulla los documentos de los negocios de la familia

Jordi Carulla Font declaró ayer durante más de dos horas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona y salió como entró: imputado por un delito de fraude fiscal que también salpica a sus cinco hermanos, aunque la justicia todavía no ha empezado a actuar contra ellos.

Durante esa comparecencia, que se prolongó más de dos horas, el juez requirió a Carulla para que en los próximos días presente los documentos de las sociedades que administra, pertenecientes al grupo Agrolimen. Concretamente, Carulla deberá aportar los balances, libros de contabilidad y accionariado de las empresas españolas que fueron objeto de compraventa entre los hermanos. Carulla también reconoció ante el juez que dirígía las empresas radicadas en el extranjero (Antillas Holandesas, Costa Rica y Uruguay) que supuestamente se emplearon para que se perdiera el rastro de las operaciones realizadas en España .

Fuentes judiciales explicaron, sin embargo, que lo realmente trascendental de la investigación no son las sociedades pantalla, sino las operaciones concretas de ventas de acciones y préstamos, así como la entrada y salida de fondos que se emplearon en ello.

Un informe preliminar de la Agencia Tributaria señala que entre 2003 y 2006 se defraudó al fisco en la declaración del IRPF, al no tributar las ganancias de las operaciones. Según algunas fuentes, la cantidad podría rondar los 160 millones de euros, aunque la cifra no está cuantificada oficialmente.

La fiscalía centró el interrogatorio de ayer en esas operaciones de compraventa de las sociedades del grupo Agrolimen y el imputado respondió que no recordaba los detalles económicos ni tributarios a causa del tiempo transcurrido. De ahí el requerimiento judicial para que presente esos papeles.

Emilio Zegrí y Fermín Morales, abogados de Jordi Carulla, explicaron a la salida que ya habían presentado abundante documentación y que darán respuesta a la petición del juez. Sin embargo, sus argumentos se centraron, como defensores que son, en exculpar a su cliente y asegurar que, en la época objeto de la investigación judicial, Carulla residía en Estados Unidos y el Reino Unido, y que eso le exime de tributar en España. La fiscalía, por el contrario, sostiene que esa exención no es automática, pues existen los convenios internacionales de doble tributación, y que lo verdaderamente relevante es la compraventa de las sociedades entre los hermanos Carulla, pues si esas operaciones se realizaron en España, como parece, deberían haber tributado en este país y, presumiblemente, no lo hicieron.

Los abogados defensores insistieron ayer, intentando de restar importancia al caso, en que en este proceso no existe ninguna querella del fiscal ni un informe definitivo de Hacienda. A efectos prácticos, ese es un asunto intrascendente y lo que cuenta es que un juzgado de instrucción investiga el caso.

La Agencia Tributaria señala en su informe que en el fraude fiscal también están involucrados los otros hermanos Carulla Font: Lluís, Arturo (presidente de Agrolimen), Mariona (presidenta del Palau de la Música), Montserrat y Aurelia.