La Comunidad oculta contratos de Gürtel

El Servicio Madrileño de Salud adjudicó entre 2005 y 2009 ocho contratos por un importe de 11,5 millones a Constructora Hispánica, una empresa vinculada al caso Gürtel, la trama de corrupción que afectó a administraciones gobernadas por el Partido Popular. Este partido ha evitado desde entonces la fiscalización de los ocho contratos. Entre ellos se encuentra la construcción del centro polivalente de Vallecas (4,3 millones) en 2005, la del centro de salud de la Casa de Campo (3 millones) en 2006 o las obras de reforma del Hospital de la Princesa (2,6 millones) en 2006. El Gobierno del PP impide el acceso a los contratos.

La diputada socialista Livia Castillo detectó que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) había adjudicado hasta ocho grandes contratos a Hispánica para la realización de obras de reforma, mantenimiento de diferentes instalaciones e incluso climatizaciones por un importe total de 11,5 millones (en total, las adjudicaciones de la Comunidad a Hispánica superan los 39 millones). En marzo de 2009, la parlamentaria reclamó por primera vez, una copia íntegra de todos los documentos que conformaban los expedientes. Pero el Gobierno regional esquivó el requerimiento alegando que no era posible identificar los contratos solicitados, a pesar de que se aportaba la fecha, la identificación de la empresa y el importe del mismo. El Sermas es una de las entidades regionales que, según la Cámara de Cuentas, ha dilatado más la presentación de su contabilidad. La oposición ha criticado en repetidas ocasiones la opacidad del Sermas. Esta entidad que gestiona un tercio del presupuesto de la Comunidad de Madrid (unos 7.000 millones de euros) no está obligada a fiscalizar sus cuentas en la Asamblea.

Pocos meses más tarde de la primera negativa, en noviembre del mismo año la diputada socialista Livia Castillo volvió a reclamar información sobre los contratos. En esta ocasión precisó el número del expediente de contratación, desde entonces no se ha producido ninguna comunicación formal por parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, explica la parlamentaria. En diciembre, Castillo remitió un burofax al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, reclamándole una "cita para examinar los expedientes" que afectan a los contratos con Hispánica después de ver como ignoraba sus peticiones. Hoy está previsto que el consejero intervenga en la cámara y aporte luz sobre estos contratos después de que los socialistas lo exigieran.

Los socialistas se cuestionan si realmente se ejecutaron las obras y los suministros acordados. La supervisión de los contratos es relevante porque Hispánica es una de las principales empresas salpicadas por el caso Gürtel. El que fuera su propietario, Alfonso García Pozuelo, figura en el sumario como uno de los empresarios que hacía negocios con la red corrupta. Supuestamente entregaba dinero a cambio de contratos públicos. En la documentación intervenida por la investigación figuran pagos de 4,1 millones de euros a Francisco Correa. Este empresario decidió en 2009 entregar 19,7 millones de euros a Hacienda para hacer frente a los delitos fiscales. Hispánica, que ahora se llama Assignia, ya no pertenece a García Pozuelo sino a la constructora Essentium. Un portavoz de la firma dice que la cifra de 11,5 millones "no es sustancial" ya que esta licita al año por un valor de 15.000 millones. Además, apunta que en 2008 una de las empresas de Andalucía, gobernada por el PSOE, les adjudicó una obra de 15 millones.

Fuentes del Gobierno regional niegan que sea verdad que no se haya permitido el control de los expedientes a los diputados de la oposición, y sostienen que en éstos se han seguido todos los trámites previstos por la ley. El mismo portavoz del Ejecutivo autonómico justifica su retraso de más de un año intentando endosar la culpa a la oposición: "La última petición coincidió con un cambio en Sanidad, pero hace dos semanas nos pusimos en contacto con la diputada Castillo para contestarle, pero no fue posible", dijo.