Mercasevilla reaviva la pelea política entre PSOE y PP

El caso Mercasevilla reavivó ayer la pugna política entre PP y PSOE con duras acusaciones por las subvenciones que otorgó la Consejería de Empleo a las empresas durante la época de vacas gordas. La juez Mercedes Alaya ha solicitado a Empleo todas las subvenciones y ayudas públicas concedidas desde 2002, así como las partidas presupuestarias y asignaciones que permitieron dichas ayudas. La juez sospecha que los controles de las subvenciones fallaron en otras empresas, tal y como ocurrió en Mercasevilla.

"Tenemos a la vista un escándalo monumental. El Gobierno andaluz ha mentido en el Parlamento sobre los ERE", censuró el presidente del PP, Javier Arenas, que urgió al PSOE a aceptar la comisión de investigación en el Parlamento, que ya fue rechazada. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, acusó al PP de intentar hacer una "causa general a través de grandilocuentes acusaciones" contra la política de la Junta sobre Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y prejubilaciones.El PP cargó ayer las tintas contra el consejero de Empleo, Manuel Recio, y recordó que la sospecha de más irregularidades en otros ERE y ayudas que afectarían a miles de personas, trasciende ahora con 1,3 millones de parados en la comunidad. El programa de Administración de las Relaciones Laborales del que provienen las ayudas constaba solo durante 2008 de 108 millones. Los populares consideran que las ayudas evitaron controles administrativos y financieros.

El ex consejero de Empleo y secretario del PSOE sevillano, José Antonio Viera, firmó como consejero en 2001 el convenio con el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía para regular el sistema de subvenciones. "No permitiremos que el PP convierta una imputación en una acusación y condena", afirmó Viera.

La juez Alaya ordenó en un auto a la Consejería de Empleo que detallara los controles para incluir los trabajadores en los diferentes ERE, así como las compañías de seguro utilizadas en cada caso. Mientras que la Junta recopila esa extensa documentación de nueve años, la magistrada busca aclarar las irregularidades cometidas en los dos ERE de Mercasevilla. Para estos dos y el resto de expedientes, Alaya se basa en el informe que remitió la propia Junta, que determina que se trata de una "concesión excepcional en su modalidad de ayudas excepcionales a empresas".

Además, la juez pide aclarar cómo dos prejubilados de Mercasevilla pertenecían a la fundación y no a la propia empresa, aunque el comité de trabajadores aclaró que estaba en el acuerdo previo entre la dirección y los sindicatos.