Sanidad paga 600.000 euros por un error médico sin esperar al juicio

La familia de Jesús no quiere saber nada más de reclamaciones, juicios e informes periciales. Han sido más de dos años de abogados y papeles y ahora, por fin, pueden centrarse en lo que de verdad importa. Un adolescente de 16 años con daños cerebrales irreversibles que lucha desde su silla de ruedas por ser algo más autónomo. Son optimistas. El chico ya se quita el jersey sin ayuda, ha empezado a coger objetos ligeros y a trasladarlos, aguanta de pie unos segundos y se maneja con la silla. Ha recorrido mucho camino desde que entró en un quirófano del hospital de Getafe, en junio de 2008, para que le quitaran dos quistes benignos en los huesos, y salió con una "encefalopatía hipóxico-isquémica", una lesión cerebral que le acompañará toda la vida.

Una de las hipótesis es que pudo moverse la mascarilla del oxígeno

No se llama Jesús. Sus padres quieren preservar su intimidad. A finales de diciembre les llegó la transferencia de la Consejería de Sanidad: 600.000 euros con los que admite que en esa intervención se cometió algún error.

Lo llamativo es que Sanidad no sabe exactamente qué pasó en el quirófano. No se sabrá nunca, admite en la notificación que hizo llegar a los padres, un documento de 14 páginas en el que hay más hipótesis que hechos. Y pese a ello, les indemniza. Quizá porque cabía la posibilidad de que un tribunal elevara aún más la cantidad. La notificación llegó en septiembre de 2010, dos años después de que la familia presentara la reclamación (tras seis meses sin respuesta se considera desestimada por silencio administrativo). Para entonces, el caso ya estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.La familia, explica el abogado que llevó el caso, Carlos Sardinero, de la asociación El Defensor del Paciente, prefirió aceptar la indemnización de Sanidad y abandonar la vía judicial. Seguir hubiera significado años de pleitos, tal vez hasta llegar al Supremo. El chico, que está en rehabilitación para tratar de recuperarse, necesita el dinero ahora. La silla de ruedas no cabe por la puerta del ascensor. Les urge una grúa para levantarlo de la cama. Muchos gastos. Su historia recuerda demasiado al caso Meño. También él se sometía a una operación relativamente sencilla, con anestesia general. Como Antonio Meño, cuya familia litigó durante 21 años contra una clínica privada, el procedimiento de Jesús transcurría de forma casi rutinaria hasta que, de repente, el oxígeno dejó de llegar al cerebro. Solo fueron unos minutos, pero suficientes para provocarle la lesión.

Jesús tenía un quiste en el húmero izquierdo y un fibroma en la tibia derecha. Ambos benignos. La operación era recomendable, pero no necesaria. Los padres se la habían planteado cuando el niño tenía 11 años, pero decidieron posponerla hasta que fuera algo mayor. Se llevó a cabo bajo anestesia general y con ventilación con mascarilla laríngea -sistema que permite tener oxigenado al paciente, pero, a diferencia de la intubación, no se introduce en la tráquea, explica un anestesiólogo con 30 años de carrera-.

Los cirujanos empezaron por el húmero, con el paciente semisentado. Al cambiarle de posición, boca arriba, "ocurre alguna incidencia con la mascarilla, por lo que el anestesiólogo procede de inmediato a sustituirla por intubación endotraqueal, solicitando la ayuda de otros anestesiólogos", reza el informe de Sanidad.

El niño se quedó sin oxígeno durante unos minutos. El porqué no está claro. Los médicos que elaboraron los diferentes informes periciales apuntan a tres hipótesis: complicaciones de la anestesia (el riesgo en niños sanos es de 0,4 por 1.000), un embolismo o el movimiento de la mascarilla laríngea. El perito de la compañía aseguradora se inclina en su informe por la tercera hipótesis: "La caída de CO2 aislada tiene un origen claramente pulmonar, coincidiendo con el cambio postural del paciente; se establece así un nexo causal entre una maniobra mecánica que pudo desplazar la mascarilla laríngea a alguno de los catéteres que portaba el paciente". Y concluye: "Nunca se podrá saber con exactitud la causa concreta de lo ocurrido, pero lo cierto es que ninguna de las posibles etiologías descritas debieron ocurrir".

El perito designado por la familia, en cambio, ve más factible que ocurriera una embolia por la entrada en el torrente sanguíneo del material con el que los cirujanos estaban rellenando el hueco que había dejado el tumor de la pierna. La inspección médica, que es imparcial, afirma que "la causa no se puede establecer". Y añade que "si el origen es por una embolia pulmonar, esta nunca debiera de haber sucedido". "Hay, por tanto, a criterio de este médico inspector un daño desproporcionado", concluye.

La Consejería de Sanidad afirma finalmente que, "atendiendo a estos informes, cabe concluir que en este caso la atención sanitaria no fue conforme a la lex artis". El abogado de la familia solicitó inicialmente 1,3 millones de euros. Se basaba en el estado del niño después de la operación. Al principio, Jesús no respondía a órdenes sencillas y su función cerebral era "mínima", según los primeros informes. Entonces, los médicos pensaron que era "dudoso que el paciente contacte con el medio, pudiendo etiquetarse su estado neurológico como estado vegetativo". De hecho, lo trasladaron a cuidados paliativos.

Pero fue mejorando. De necesitar ayuda para absolutamente todo pasó, gracias a la rehabilitación, a obtener pequeños logros. Su mejoría, asegura el abogado, ha sido "sorprendente". Es esa evolución positiva de su estado lo que llevó a Sanidad a rebajar la cantidad que pedía la familia a los 600.000 euros con los que finalmente les han indemnizado, según reconoce la notificación que envió a los padres.

El documento les da la razón en otro punto. El consentimiento que firmaron antes de que operaran a su hijo no mencionaba los riesgos a los que se enfrentaba. Sanidad lo admite: "En efecto, el consentimiento para anestesia lo era para anestesia loco-regional, cuando se efectuó anestesia general". El consentimiento para la cirugía tampoco fue el correcto: "Se trata de un consentimiento genérico que no contiene riesgo singularizado alguno", reconoce el documento. Lo que hace que "el daño sufrido por el niño perjudicado sea antijurídico".