Se busca joven preparado. Preferible ex presidente

A los 54 años Felipe González dejó de ser presidente del Gobierno. Y a los 51 años José María Aznar salió de La Moncloa. Los dos abandonaron el cargo a la edad en la que cualquiera está en su plenitud laboral y en la que en otros países se accede a las presidencias.

Salieron con una pensión vitalicia de unos 80.000 euros al año, reconocimiento protocolario como presidentes del Gobierno y medios materiales y económicos como coche oficial, dos asistentes y, por supuesto, seguridad. También con la incompatibilidad legal para contratar durante dos años con empresas que hubieran tenido relación con su actividad pública, es decir, prácticamente todas. Los dos cumplieron holgadamente ese periodo de carencia y, con diferencias y matices, han terminado siendo contratados por grandes empresas. Aznar, que ya formaba parte del consejo de News Corporation, del magnate mediático Rupert Murdoch, entre otros, ha fichado ahora como consejero de Endesa y González de Gas Natural. González cobrará unos 126.500 euros anuales y Aznar 200.000.

El PP, abierto a una "reflexión" sobre las remuneraciones públicas y privadas

BNG e IU fuerzan el debate en el Parlamento para revisar la prestación

Sevilla sugiere una suspensión temporal de la pensión pública

Elorriaga: "¿Es que hay alguna empresa que no se viera afectada por ellos?"

Los ex presidentes tienen una carencia de dos años para no ser contratados

Han hecho fracasar la reforma legal que les incluía en el Consejo de Estado

Los dos mantienen presencia mediática y fijan habitualmente posición política, pero ambos han renunciado a desempeñar cargo público.

Sus opiniones pesan y, a veces, marcan la agenda política: Aznar mantiene una cierta influencia en el PP como presidente de honor y, sobre todo, como presidente de FAES, la fundación desde la que se aportan propuestas e ideas a su partido y en la que se han refugiado ex dirigentes depurados por Mariano Rajoy. Y González aceptó en 2007 encabezar un comité de sabios que hizo propuestas sobre el futuro de la Unión Europea. Son cotizados conferenciantes en todo el mundo y publican libros de éxito.

A Aznar se le ha visto bajando del jet privado de Dionisio Gutiérrez, magnate guatemalteco, y de González es conocida su amistad con Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.

Pero ambos renunciaron a ser miembros vitalicios del Consejo de Estado y dejaron en nada la reforma legal del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, cargado de buena intención, buscaba con su iniciativa utilizar los conocimientos y la experiencia de los ex presidentes a favor del Estado en ese órgano consultivo. González declinó de inicio y Aznar llegó a tomar posesión, pero renunció al no poder compatibilizarlo con sus negocios privados. Adolfo Suárez, por motivos de salud, no ocupó tampoco ese cargo y Leopoldo Calvo-Sotelo, hasta su fallecimiento en 2009, formó parte de distintos consejos de administración de empresas públicas.

La asignación total para Suárez, González y Aznar será en 2011 de 238.010 euros. Los ex presidentes cobran 2.000 euros más que el salario anual del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero: 78.185,04 euros en concepto de retribución.

Ahora, las nuevas actividades de Aznar y González y su acumulación de ingresos provocan una cierta polémica en el territorio de la ética en plena crisis económica y cuando los dos, con diferencias obvias, defienden la necesidad de acometer recortes sociales para el resto de ciudadanos. A pesar de que son de los pocos ciudadanos que compatibilizan pensiones públicas con millonarios ingresos privados.

González, según su entorno, está molesto con el debate porque considera que no se produjo cuando su antecesor, mucho antes que él, fichó por varias empresas. Otra diferencia es que Aznar participa en consejos de sociedades extranjeras y González solo de una española. Y como cree que cumple la ley, el ex líder del PSOE no está dispuesto a renunciar a la pensión de ex presidente. El Gobierno tampoco quiere modificar esa previsión legal, mientras que el PP asegura que está dispuesto a abrir "una reflexión" sobre esas remuneraciones públicas y su compatibilidad con ingresos privados, sin más precisión.

Joaquín Martín Cubas, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia, explica que en todas las democracias se vive como un problema no resuelto qué hacer con los cargos públicos una vez que abandonan sus cargos y, especialmente, los ex presidentes del Gobierno

"Un problema es saber cómo van a utilizar las relaciones que han logrado desde sus cargos y, al mismo tiempo, cómo manejar la capacidad que tienen de influir con sus palabras en la vida política y hasta desestabilizar a un Gobierno", asegura.

Por eso, explica Martín Cubas, se establecen unos emolumentos y unas contrapartidas para que, por un lado, vivan con una cierta dignidad y, por otra, para que se dificulte que puedan caer en "tentaciones". Los partidos también les dan salidas en fundaciones (Aznar preside FAES y González Progreso Global) y su experiencia les sirve para dar conferencias, por las que reciben altos emolumentos. Según Martín Cubas, el problema surge cuando son contratados para poner al servicio de una empresa los conocimientos que han adquirido en el ejercicio de su cargo. Ganan dinero por eso y, al tiempo, siguen recibiendo la pensión que se ha establecido para evitar, precisamente, que caigan en esas tentaciones.

"Reciben, finalmente, compensación por dos vías por su experiencia como presidentes: una pública y otra privada", asegura para explicar que, quizás, sería conveniente buscar una fórmula para que la pensión vitalicia sea incompatible con ingresos privados.

El filósofo Fernando Savater asegura que en principio no hay nada criticable en que los ex presidentes sean contratados por las empresas, salvo que "eso provocara un sacrificio de sus principios". "Es hipócrita escandalizarse del sueldo que les van a pagar, porque ellos tienen una experiencia y unos conocimientos reconocidos, mientras que estamos rodeados de gente que gana por ir a programas basura. Estamos en una sociedad disparatada en la que personas de 22 años, casi analfabetos, ganan más dinero por hazañas deportivas o escándalos. Ganan dinero por hechos sonrojantes y tribales", asegura Savater. En su opinión, "sería reprobable si hubiera condicionado sus decisiones en su cargo, pero si ya han dejado el cargo hace años no lo veo nada malo".

Sin embargo, Izquierda Unida y el BNG han criticado estos días los fichajes y este último partido, incluso, ha registrado una iniciativa en el Congreso para que el Pleno debata una proposición no de ley para modificar el regimen legal de los ex presidentes e impedir casos como estos en el futuro.

Las iniciativas de Gaspar Llamazares (IU) y Francisco Jorquera (BNG) pretenden que se amplíe el periodo de dos años de incompatibilidad y que se modifique el estatus reglamentario de los "ex presidentes del Gobierno, exigiendo la renuncia a las prerrogativas consignadas en la actualidad -salvo las vinculadas a garantizar su seguridad- en caso de que ejerzan actividades remuneradas por cuenta de empresas privadas". Jorquera asegura que hay una "absoluta falta de ética" al aceptar ser asesor externo o consejero de empresas habiendo ocupado puestos de tanta relevancia como la Presidencia de un país.

En esta misma línea, Llamazares considera que se trata de actuaciones "éticamente reprobables", porque lo que buscan esas empresas es "un trato de favor", teniendo en nómina a ex presidentes del Gobierno con capacidad de influencia. El diputado recuerda, además, que esas sociedades vivieron procesos de privatización que en su opinión, fueron "muy oscuros" y en ellos participaron ex presidentes del Gobierno con decisiones claves.

Las empresas admiten que al contratar a los ex presidentes, están haciéndose con los servicios de quien les puede asesorar, pero también adquieren su capacidad para abrir puertas. Compran su agenda y su tarjeta de visita, además de su capacidad de análisis.

"Las empresas buscan personas con una cartera de relaciones de alto nivel. Esto es lógico. Otra cosa es que, dependiendo de las expectativas que las empresas tengan, se superen los límites de lo ético. Entre el aprovechamiento de la red de contactos y el tráfico de influencias hay una distancia considerable", afirma Francisco Longo, profesor del Instituto de Dirección y Gestión Pública de Esade.

Jordi Sevilla y Gabriel Elorriaga coinciden en defender la decisión de los dos ex presidentes, la licitud de su comportamiento y los beneficios para la economía de su experiencia.

Sevilla, militante del PSOE, impulsó como ministro de Administraciones Públicas la última reforma del régimen de incompatibilidades, que incrementaba la transparencia y no modificaba los dos años de carencia para contratar con el sector público que tiene cualquier miembro del Gobierno. Él mismo dio el salto del escaño a la empresa privada y hoy trabaja en Pricewaterhouse Coopers como Senior Advisor y es profesor de Entorno Económico en el Instituto de Empresa. Los ex ministros cobran durante dos años una compensación por no poder contratar con empresas privadas en ese tiempo.

Sevilla dice sentirse molesto con el debate y defiende que "los políticos puedan pasar a la empresa privada, para aportar su experiencia y su visión de las cosas". "Ya es significativo, que se les valore más en la empresa privada que en el sector público y las empresas saben apreciar la capacidad que tiene un político para fijar estrategias o planificar una negociación y, en el caso de los ex presidentes, su experiencia es oro", asegura el ex ministro.

Añade, no obstante, que debería estudiarse una fórmula para que los ex presidentes tuvieran que suspender el cobro de las pensiones en el momento en el que reciben remuneraciones privadas. Entre otras cosas, añade, porque con dos conferencias cubren holgadamente esos ingresos públicos que están pensados, precisamente, para asegurar la dignidad de quien ha ocupado esos cargos. Sevilla se pregunta cuánto gana el presidente de las empresas que han contratado a Aznar y a González o cuánto cobra un ex presidente en Estados Unidos, para concluir que no se puede considerar, en ningún caso desproporcionado el nivel de ingresos de los dos ex presidentes.

Gabriel Elorriaga, diputado del PP, ex secretario de Estado de Administraciones Públicas y ex miembro del Gabinete de Aznar en La Moncloa, coincide con Sevilla en que cualquier decisión que hubieran tomado sobre las empresas que les contratan han quedado ya prescritas.

"¿Hay alguna empresa que no haya sido afectada por sus decisiones?, se pregunta para concluir que es perfectamente legítimo que González y Aznar sean contratados como asesores.

El diputado del PP asegura que una de las diferencias de España con otros países es que aquí los ex presidentes abandonan sus cargos mucho más jóvenes. Y a esa edad no se les puede condenar al ostracismo o pretender que abandonen la vida laboral cuando cualquier otro ciudadano se mantiene en el mercado de trabajo y está en plena actividad.

Explica que en cualquier otra democracia es normal que las empresas aprovechen la experiencia de los ex miembros del Gobierno. Por ejemplo, para abrir mercado en Latinoamérica gracias al prestigio que hayan podido acumular en esos países, sin que pueda entenderse en absoluto como tráfico de influencias.

La pensión que reciben, explica, se estableció precisamente para que tuvieran garantizado en todo caso una vida y una actividad protocolaria acorde con el cargo que han desempeñado.

Los salarios que se han publicado no son, en su opinión, de ninguna manera desproporcionados para lo que pueden aportar a esas empresas.

En la mayoría de los países de nuestro entorno, los ex presidentes tienen también asignaciones públicas vitalicias, mucho más cuantiosas, y en casi todos ni siquiera existe la incompatibilidad de dos años para ser contratado.

En Francia, los ex presidentes de la República cobran pensiones vitalicias de unos 18.000 euros mensuales, además de formar parte del Consejo Constitucional y recibir por ello otras remuneraciones. En el caso concreto de Jacques Chirac, forma parte de una fundación y participa de actividades culturales, además de haber publicado sus memorias.

En Reino Unido no hay regulación alguna de la figura de los ex primeros ministros. Tony Blair, por ejemplo, además de enviado a Oriente Medio de la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, es asesor de múltiples empresas británicas y de otros países. Por supuesto, muchas de esas sociedades tienen que ver con sectores sobre los que él tomó decisiones como primer ministro. Por ejemplo, una petrolera surcoreana, empresas de la familia real de Kuwait o fondos de inversiones de Emiratos Árabes, entre otros. Ha fundado la empresa Tony Blair Associates que se dedica a la asesoría política y económica.

En Alemania sí se produjo una polémica política en 2006, porque Gerhard Schröeder fue contratado como consejero en el consorcio creado por la estatal rusa Gazprom, justo después de abandonar el cargo de canciller. No había incompatibilidad legal y de hecho, Schröeder ganó un pleito a un portavoz de la oposición que le acusó de haber favorecido a esa empresa antes de abandonar el cargo y en vísperas de ser fichado.

En Estados Unidos hay una ley específica que fija una pensión de 200.000 dólares anuales y es costumbre que los ex presidentes colaboren en misiones específicas con las Administraciones posteriores.