Cataluña inicia 14.000 viviendas sociales

A pesar de las restricciones financieras y de los planes de austeridad de las Administraciones, la Generalitat puso en marcha el año pasado más de 14.000 viviendas de protección oficial, según explicó la ex secretaria de Vivienda, Carme Trilla, en su despedida del cargo. La cifra supone dar un salto de más del 50% respecto a 2009, cuando se calificaron 9.027 pisos protegidos, según los datos de la Secretaría de Vivienda y Mejora Urbana, que a partir de ahora ocupará Carles Sala desde el Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

Más de la mitad de las viviendas sociales que se calificaron el año pasado (unas 8.000) fueron de alquiler, la fórmula que el año pasado se "explotó de forma preferida" por parte de los promotores. En el resultado del año hay, además, la obtención de 4.000 viviendas de alquiler del parque existente y la firma de 24.000 contratos en los que la Generalitat avala el alquiler de un ciudadano para cubrir posibles impagos.

El Ejecutivo catalán tendrá el reto a partir de ahora de dar vivienda a los cerca de 40.000 ciudadanos que se han apuntado en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida desde que este entró en funcionamiento en un momento de restricciones presupuestarias.

Trilla ha impulsado en los últimos siete años la Ley del Derecho a la Vivienda y el Pacto Nacional por la Vivienda, que han sido los dos instrumentos en los que se ha basado la Generalitat para sus políticas. El acuerdo con los agentes del sector se fija numerosos retos. Durante la crisis, uno de ellos ha sido atender a los ciudadanos que se han quedado sin vivienda. Solo en 2010 se tuvieron que dar ayudas para evitar 10.000 desahucios.