El juez permite la manifestación a favor de los presos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz denegó ayer la solicitud de prohibición de la manifestación en favor de los presos etarras prevista para hoy en Bilbao. El magistrado considera que "no hay base para apreciar que tras la convocatoria se encuentre ETA u otra organización terrorista a ella asimilada, ni aún que se pretenda una exaltación de las mismas o sus métodos o sus autores". Agrega que tampoco se aprecia "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas por los delitos terroristas o de sus familiares".

La marcha ha sido convocada por una plataforma surgida en Durango el 13 de noviembre pasado e integrada por un centenar de personas vinculadas al deporte, la política y la cultura vasca, y tiene como el lema: "Con todos sus derechos los presos políticos vascos al País Vasco. Demos un paso adelante". Dos asociaciones de víctimas reclamaron a la Audiencia Nacional su prohibición, en la creencia de que se convertiría en un acto de enaltecimiento del terrorismo de ETA y de los etarras.

"Los convocantes no están vinculados a organizaciones ilegalizadas"

El fiscal se opuso a la prohibición, ya que los informes proporcionados por la Policía Nacional y por la Guardia Civil son contradictorios entre sí. El segundo señala que, aunque los convocantes se presentan como representantes de la cultura vasca, muchos han participado como candidatos o interventores de la ilegalizada Batasuna o de sus marcas sucesoras.

Por el contrario, el dictamen de la Policía Nacional destaca: "Atendiendo a la identidad de los convocantes y del comunicante, resulta evidente que no tienen vinculación con ninguna organización ilegalizada, aun cuando la modificación de la política penitenciaria sea una reivindicación de Askatasuna y forme parte de su planificación".

Por su parte, la Ertzaintza analiza en otro informe a los convocantes y pone de manifiesto que algunos de ellos han tenido relación con Batasuna y el mundo abertzale.

Al denegar la petición de las asociaciones de víctimas, el juez señala que la convocatoria pretende una modificación de la política penitenciaria, lo que "sin duda, no es ilegítimo, al ser obvio que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que estas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional". Menos aún, agrega el juez, se puede "prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad (en el caso de calificar a los presos como 'políticos')".

El juez asume que la convocatoria viene realizada por una plataforma de nuevo cuño integrada por un centenar de personas de la vida política, deporte y cultura del País Vasco, y aunque es cierto que alguna de ellas ha estado ligada a la denominada izquierda abertzale, "resulta evidente que no tienen vinculación con ninguna organización ilegalizada".

El auto del magistrado precisa que a la convocatoria se han adherido unas 4.500 personas, así como el colectivo de presos de ETA y Etxerat, estructura de apoyo a los reclusos. Y aunque en el pasado se prohibieron algunas manifestaciones de estos grupos, el juez considera que se ha producido una coincidencia de ideas entre organizaciones ilegalizadas y otras que no lo son.

Además, el magistrado ha ordenado que las fuerzas de seguridad y al Gobierno vasco que adopten las medidas necesarias para evitar que se produzcan actos delictivos.