Aguirre no remite al juez de Gürtel facturas de empresas de la trama

La falta de colaboración del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre ha obligado al magistrado encargado de la instrucción de la operación Gürtel, Antonio Pedreira, a firmar el pasado jueves una providencia en la que habilita a los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que consigan que la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid aporte de una vez por todas las facturas de cualquiera de los departamentos autonómicos con las sociedades del conocido como Grupo Rafael: Tecnimagen, Fotomecánica, Kilda Producciones y Fotomecánica Doble. Estas empresas eran utilizadas como pantalla por el cerebro de la trama, Francisco Correa, para evitar que los contratos del Gobierno regional fueran a parar a las empresas de su grupo, y así eludir las sospechas. También estas sociedades eran utilizadas como maniobra de distracción, incluyéndolas en concursos como relleno, y consiguiendo que solo se presentaran las relacionadas con la red corrupta.

Además, el magistrado realiza en la providencia un "apercibimiento del deber de colaboración con la Administración de justicia impuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El magistrado Antonio Pedreira recuerda además que los responsables de que esta documentación solicitada no se haya enviado tres meses después de haberse pedido por primera vez serán las personas físicas que actúen en nombre y representación de la Comunidad, por lo que podrían incurrir en una responsabilidad penal, tal y como prevé el artículo 31 del Código Penal.

La decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel de requerir a la Comunidad de Madrid para que coopere con la investigación se produce después de que los agentes de la UDEF encargados de la investigación le remitieran al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el pasado 9 de diciembre, una comunicación en la que constataban la falta de cooperación de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda a la hora de enviar la documentación solicitada de las facturas de las empresas pantalla de Correa, denominadas Grupo Rafael, entre los años 2004 y 2007.

En este documento, los agentes incluyen un relato de los cuatro intentos fallidos para obtener esta información, vital para conocer la total implicación de las empresas de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid, ya que uno de cada cuatro euros que cobró Correa del Ejecutivo autónomo lo hizo utilizando estas empresas pantalla.

El primero de los requerimientos por parte de los policías a la Comunidad para conseguir esta documentación se produjo días después de que el magistrado Pedreira lo solicitara el pasado 1 de septiembre. Un mes después, el 7 de octubre, el Gobierno regional remite los documentos solicitados, pero de forma incompleta. Concretamente, solo aporta la documentación relativa a un contrato adjudicado a la empresa MQM y otros relacionados con las sociedades Decoraciones CMR y Sagitour 200. Pero no se adjuntan las facturas del Grupo Rafael, las que tienen una mayor presencia en la red de Correa. Ante este olvido los agentes se pusieron en contacto el 13 de octubre con el secretario que firmó la contestación de la Comunidad, asegurando en la misma esta persona que buscaría estas facturas, tal y como consta en una grabación de la Policía Judicial.

Pese a este, los agentes no han recibido estos documentos, por lo que volvieron a llamar hasta dos veces después: el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Pero en esta ocasión no logran contactar con el secretario, que se había comprometido a buscar estos documentos vitales para la instrucción del caso.

Ante esta falta de cooperación de la Consejería de Economía y Hacienda, los agentes se deciden a enviar al magistrado la documentación incompleta, lo que ha obligado al propio Pedreira a recordar a los responsables de la Comunidad las posibles responsabilidades penales que podrían acarrear la falta de colaboración con la justicia.

El Grupo Rafael es un conglomerado de cuatro empresas que en 2003 apenas tenía relaciones comerciales con las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Fue a partir de 2005 cuando su suerte cambió, ya que los contratos adjudicados por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre a estas empresas sufrían un aumento exponencial. Según los datos que obran en el sumario de la operación Gürtel, entre 2004 y 2008, el Grupo Rafael facturó más de un millón de euros a instituciones municipales y regionales relacionadas con el PP. En el mismo periodo estas sociedades consideradas pantalla abonaron un poco menos, unos 900.000 euros, a las empresas de Correa, especialmente Easy Concept y Good and Better. El análisis de la documentación obtenida en los registros de las empresas de la trama demuestra la estrecha vinculación entre el Grupo Rafael y las sociedades de Correa. Un correo electrónico enviado por una de las trabajadoras del Grupo Rafael a la responsable de las empresas de la trama es claro al respecto: "Espero haber cumplido los objetivos marcados".

Además de a los organismos pertenecientes a la Comunidad, el Grupo Rafael llegó a facturar más de 100.000 euros al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y más de 30.000 del Consistorio de Arganda del Rey.