Correa medió en la búsqueda de negocios con dos ministerios de Aznar

Ni Francisco Correa, ni Pablo Crespo, ni ninguno de los cabecillas de la red Gürtel sabían absolutamente nada de tratamiento de residuos. Sin embargo, según explica un detallado informe policial de 160 páginas que figura en el sumario, la red se asoció con el Grupo Ros Roca, especializado en residuos, para ayudarlo en la ampliación del negocio.

Según el informe policial, basado en decenas de documentos encontrados en los registros de las sedes de la red, Correa, Crespo y los demás ofrecían a Ros Roca su especialidad: contactos políticos para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos. Todo ello a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según el informe.

Exigió participación en el negocio y comisiones para sus contactos

La novedad de esta investigación policial, muy detallada en cuanto a los documentos inéditos aportados, es que sostiene que esos contactos no se limitaron solo a comunidades autónomas o ayuntamientos gobernados por el PP, la especialidad de la red, sino que se extendió además al menos a dos ministerios del Gobierno de José María Aznar: Economía, que controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique, y Medio Ambiente, para lograr unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón.

El informe detalla toda la operación, centrada en 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y Correa era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas electorales y actos importantes. La red de Correa, a través de su empresa Spinaker, creada por Luis de Miguel, el abogado que la red utilizaba presuntamente para ocultar su dinero en paraísos fiscales, se alió con el Grupo Ros Roca y se convirtió en su conseguidor, según el informe.

Diversos faxes y documentos encontrados en los registros atestiguan las gestiones políticas que hacía la red Gürtel para el grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de "Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4 del 4%.

Uno de los asuntos sobre el que más documentación hay es el de las gestiones de la red Gürtel para lograr que algunos créditos FAD, dependientes de Economía, se concedieran para la realización de plantas de depuración de residuos en países del tercer mundo que gestionaría Ros Roca. En los registros de la red han aparecido diversos documentos en los que la persona clave con la que contacta la red sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), secretario general de Comercio Exterior del Ministerio de Economía entre 2000 y 2003, y por tanto con responsabilidad sobre los FAD, según la policía.

Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M [millones] de USD [dólares]. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total".

Esto es, según la policía, Correa y su equipo utilizan sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.