La Junta Electoral niega a la policía del 'caso Gürtel' información sobre el PP

La Junta Electoral ha negado a la policía información sobre dirigentes del PP que administraron las cuentas en 2003 y 2004, periodo en el que esta formación política se financió ilegalmente, según apunta la investigación del caso Gürtel .

La policía que investiga la más extensa trama de corrupción vinculada al PP y la Fiscalía Anticorrupción sostienen en diversos escritos incorporados al sumario que el PP se financió ilegalmente a través de Fundescam, una fundación dependiente de este partido en la Comunidad de Madrid, durante las elecciones autonómicas de 2003, y generales y europeas de 2004.

El caso salpica tanto al PP de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, como al PP nacional, durante la época en que ya lideraba esta formación política Mariano Rajoy.

"No facilitan lo solicitado aduciendo la Ley de Protección de Datos"

La policía ha señalado en diversos informes sobre los que se ha levantado ahora el secreto de sumario que los documentos incautados en sedes de las empresas de la trama Gürtel demostraban "un sistema de facturación ad hoc de los actos del PP enmascarando la verdadera realidad de los conceptos y de las entidades para las que se prestó el servicio".

Esto suponía, según el informe policial incorporado al sumario, "un mecanismo de financiación de los actos del PP ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y en la Ley de Financiación de Partidos Politicos a través de una fundación (Fundescam) vinculada orgánicamente al PP de Madrid que recibe fondos de empresas que mediante contratos vigentes prestaban servicios o realizaban suministros y obras para Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid y que, posteriormente, canaliza para financiar los actos del partido en campaña electoral".

Tras más de un año de investigación, la policía concluyó que el PP se financió ilegalmente a través de Fundescam, una fundación que recibía el dinero de empresas privadas que, a su vez, eran contratistas de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno era del PP,

La policía quiso saber quién era el administrador general de los fondos utilizados por el PP durante esas campañas electorales de 2003 y 2004 para "concretar sobre quién recayó la responsabilidad de la gestión de los fondos recibidos y de los gastos llevados a cabo".

El 27 de julio pasado, los investigadores solicitaron mediante fax dirigido a la Junta Electoral Central la siguiente información: "La identidad del administrador electoral y general responsables de los ingresos y gastos, y de su contabilidad correspondiente a la candidatura de la formación política PP en las elecciones celebradas en 2003 y 2004".

Pero la Junta Electoral se negó a facilitar esa información. El informe policial se lamenta así por lo ocurrido: "A pesar del principio de reciprocidad que rigen las relaciones entre las Administraciones públicas de facilitar información a otra Administración, según recordaba en su escrito [la Junta Electoral], no ha facilitado la información solicitada aduciendo a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y a la necesidad de acreditación de la conexión causal, cuyo conocimiento está reservado a las instancias judiciales en el marco de un procedimiento judicial, y no a la puesta en conocimiento de otros órganos de la Administración".

La policía solicitó a principios de octubre al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que firmara un requerimiento dirigido a la Junta Electoral para que facilitase la identidad de los dirigentes del PP. Pero la fiscalía, en un escrito de mediados de octubre, señaló que no hacía falta investigar más porque, según entendía, los hechos delictivos habrían prescrito en el caso del PP, no así en el caso de las empresas de la red Gürtel que habrían cometido un delito de falsedad de documento mercantil por la confección "de numerosas facturas falsas".

En este caso, según la fiscalía, no era necesario practicar más pruebas porque estaba suficientemente acreditado el delito cometido por las empresas que facturaban a la fundación del PP por unos actos que tendría que haber pagado el partido al tratarse de financiación de campañas electorales.