Debate bajo control

El de ayer fue un debate parlamentario de guante blanco gracias al consenso previo sobre la condena que merece el reciente plante de los controladores aéreos y la necesidad de garantizar a corto y medio plazo un servicio público esencial. En tal contexto, el pleno del Congreso fue incapaz de centrar el debate sobre los próximos pasos a seguir más allá del estado de alarma, que termina el día 18, en pleno inicio de las vacaciones de Navidad, toda vez que ha quedado demostrado que los cambios en la gestión acometidos en los últimos meses han sido incapaces de arrebatar a día de hoy el poder que detenta un colectivo capaz de cerrar el espacio aéreo y tomar como rehenes a cientos de miles de pasajeros para plantear sus reivindicaciones.

El plante de los controladores y la necesidad de garantizar el servicio público une al Parlamento

Rodríguez Zapatero defendió con convicción la legalidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas de manera urgente el fin de semana pasado. Hábilmente, el presidente del Gobierno utilizó en favor de la excepcionalidad de la declaración del estado de alarma la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo pasado que dio la razón a AENA frente a los controladores, en la que afirmaba que el convenio colectivo de 1999 de los controladores (vigente hasta mayo) dio lugar a "un estado de excepción permanente".

El jefe del Gobierno eludió, sin embargo, explicaciones sobre la tardanza y las dificultades sobrevenidas para aplicar las nuevas normas de Fomento que le permitirán arrebatar a este colectivo de 2.300 trabajadores el férreo control que mantiene sobre su actividad y que es el que hizo posible el plante. Es el déficit en el que insistió Rajoy, visiblemente dispuesto a no hacer sangre con un asunto en el que tiene una gran responsabilidad su propio partido, firmante en 1999 de ese convenio "de excepción".

Solo los tribunales podrán dilucidar si los controladores han cometido un delito contemplado en el Código Penal e incluso en el Código Penal Militar y solo los jueces dictaminarán si las medidas del Gobierno respetaron la legalidad vigente. Lo que ayer se evidenció a nivel político es que ningún grupo parlamentario propuso medidas distintas (y tan eficaces) como las utilizadas por el Gobierno. Y que las palabras de Rajoy de que el estado de alarma es una declaración de impotencia más que una crítica al Gobierno es la constatación de una realidad de la cual no es este Ejecutivo el único responsable. El apoyo a una virtual prórroga del estado de alarma parece garantizado, más allá del voto anunciado de CiU y PNV.

Puestos a aprovechar la crisis, no estaría de más que el Gobierno atendiese algunos de los problemas expuestos ayer por CiU y ERC sobre la eventualidad de revisar el modelo de gestión aeroportuario español. Una vez solucionado el conflicto antiguo y latente de los controladores, puede que en la incorporación de principios como la competencia entre aeropuertos y la descentralización, que rigen en la mayoría de países europeos, se encuentren también soluciones duraderas a largo plazo.