Cerco a Assange

Es difícil evitar la hipótesis fuerte de que la detención ayer en Londres de Julian Assange, por acusaciones de coacción, violación y acoso sexual procedentes de Suecia, tiene algún tipo de motivación en la profunda inquina que los estamentos oficiales de Estados Unidos han proyectado sobre el fundador de Wikileaks por el empeño de sacar a la luz los secretos de su diplomacia. La última filtración de más de 250.000 documentos reservados y confidenciales del Departamento de Estado, cuyo impacto se ha acrecentado por la labor de sistematización y contextualización llevada a cabo por cinco periódicos de referencia mundial, ha provocado reacciones furiosas en Washington, comprensibles en algunos casos, pero absolutamente disparatadas en otros, como exigir que se trate a Assange como un terrorista y a la organización que dirige como incursa en le legislación sobre terrorismo puesta en pie en EE UU tras el 11-S.

Las acusaciones que se han formulado en Suecia contra Assange tienen relación con delitos comunes y no con su actividad profesional. De momento, EE UU está estudiando cómo formular una acusación que, partiendo de la revelación de los secretos de sus guerras en Irak y Afganistán y de su diplomacia, así como del daño que se le ha podido infligir por ello, termine por llevar al fundador de Wikileaks ante la justicia norteamericana. No lo tienen fácil los fiscales estadounidenses, pero están en ello.

Frente a las denuncias que se han presentado en Suecia, Assange tiene menos defensa política -y habrá que ver si también jurídica- que frente a la que le pudiera venir por su actividad en Wikileaks. Esas denuncias se admitieron primero, se descartaron luego y se reabrieron después por la fiscalía, para acabar llevando a la petición de extradición del fundador de Wikileaks a Reino Unido. A Assange no le queda, pues, otra opción que colaborar con la justicia para defenderse de acusaciones que considera falsas y evitar una condena que daría un excelente pretexto a sus enemigos para acabar con su organización, sometida ya a un acoso informático y financiero sin precedentes.

La detención de Assange y su puesta a disposición judicial augura un proceso de extradición que llevará su tiempo y en el que la justicia sueca tendrá que precisar los hechos y los delitos de los que se acusa a Assange ante unos jueces británicos estrictos y puntillosos, como se mostraron con el caso del dictador Pinochet.

Si sale bien librado de las denuncias, a Assange le corresponderá seguramente enfrentarse a una acusación mucho más grave: la que le puede llegar de EE UU por revelar los secretos de su diplomacia. Sería más grave en virtud del poder de quien puede formularla, pero muy difícil de articular en los tribunales -Assange no es funcionario, ni tiene la nacionalidad estadounidense; tampoco es el autor de la filtración sino su divulgador- y ante la que cabe esperar una recia defensa política y jurídica.