La factura de la protección de animales

Un municipio mediano, de unos 30.000 habitantes, gasta al año unos 34.000 euros anuales en la recogida de animales domésticos abandonados y en mantenerlos en un centro de acogida en condiciones dignas. Se trata de una carga económica que pesa como una losa sobre los Ayuntamientos catalanes. Pese a la asfixia económica que sufren, se ven obligados a realizar este esfuerzo presupuestario para asumir unas competencias que la Ley de Protección de los Animales de 2007 les endosó "sin la asignación de recursos económicos necesarios". Así lo denuncian la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Los servicios jurídicos de esta última entidad han anunciado que emprenderán "las acciones oportunas" para que se exima a los Ayuntamientos de las competencias que les adjudica la ley "si no reciben más dinero" de la Generalitat.

Sin dinero para la atención social y con la obligación de acoger animales

La preocupación de los municipios por la "imposibilidad" de cumplir la ley ha aumentado tras las denuncias presentadas por asociaciones protectoras de animales contra Ayuntamientos, o contra las empresas a la que estos contratan el servicio, por infringir la normativa de protección de los animales.

"Los alcaldes o concejales pueden encontrarse con que se les exige responsabilidades civiles y penales por un incumplimiento que no es debido a la falta de voluntad política sino a la ausencia de medios económicos", afirma la Federación de Municipios de Cataluña.

"La no recogida de animales abandonados o su mantenimiento en instalaciones inadecuadas son actuaciones que pueden ser interpretadas como un maltrato a animales domésticos, delito que puede castigarse con penas de cárcel y de inhabilitación", añade la entidad municipalista, que ha criticado duramente la Ley de Protección de los Animales porque "en la práctica se ha demostrado la imposibilidad de su aplicación" y porque está plagada de "paradojas e incongruencias". Sant Vicenç dels Horts, Corbera, Vallirana (Baix Llobregat) y Sant Cugat del Vallès son algunos de los municipios a los que las fundaciones proteccionistas Altarriba y FAADA han denunciado.En muchos casos la denuncia se debe a infracciones de tipo administrativo, como la inexistencia de un registro de entradas y salidas en sus centros de acogida, "lo que hace imposible conocer cuántos animales entran en el centro y cuál ha sido su destino".

En el mejor de los casos, la mascota encontrará algún ciudadano que la adopte o será retornada a su propietario, pero esto sucede solo en el 50% de los casos. El año pasado fueron abandonados más de 22.000 perros y gatos en la calle por sus propietarios, según la Fundación Affinity. Las entidades protectoras elevan la cifra a 30.000 animales. Eso provoca que las perreras estén saturadas, un problema que se agrava porque la ley prohíbe el sacrificio de animales. Solo en casos excepcionales la normativa permite matar a perros y gatos, pero el problema es que todavía no se ha aprobado el reglamento que debe concretar en qué circunstancias -humanitarias y sanitarias, por regla general- puede optarse por el sacrificio. Ante las quejas de las organizaciones municipalistas, la Generalitat ha concedido moratorias en la aplicación de la ley a los Ayuntamientos que lo han pedido. El año pasado, 70 municipios obtuvieron permiso para sacrificar animales, entre ellos 32 del Vallès Oriental. Muchos Consistorios de la zona tienen su servicio de recogida de animales y su perrera. Además mantienen un acuerdo con el consejo comarcal para utilizar el centro que esa institución tiene en Granollers cuando los propios se hallan saturados. "La broma a estos Ayuntamientos, que suman unos 400.000 habitantes, les cuesta 700.000 euros anuales", asegura Toni Cornellas, gerente del Consejo Comarcal del Vallès Oriental.

Cornellas denuncia que "algo falla" cuando la estrechez económica que sufren los Ayuntamientos no les permite dar abasto para atender la creciente demanda de servicios sociales, mientras que se ven obligados a destinar grandes sumas de dinero para no vulnerar la Ley de Protección de los Animales ante la amenaza de acabar ante el juez.

Para los municipios, las ayudas que el Departamento de Medio Ambiente concede para asumir sus funciones en materia de protección de los animales son "claramente insuficientes". Las ayudas para 2010 para toda Cataluña ascienden a 1,1 millones de euros y una sola comarca, el Vallès Oriental, ya gasta más de la mitad de esa suma en la gestión y el mantenimiento de las perreras.

Las protectoras de animales rechazan "la excusa de la falta de recursos" que esgrimen los Ayuntamientos. Según Yolanda Valbuena, responsable del área jurídica de la Fundación Altarriba, "el problema no es de presupuesto, sino de desidia". "Durante los últimos años, los Ayuntamientos no han controlado los abandonos de perros por parte de cazadores, que suponen más del 60% de los animales acogidos", asegura.

La Fundación Altarriba ha denunciado en los últimos meses la existencia de varios "zulos", dos de ellos descubiertos en El Vendrell y Santa Coloma de Gramenet, en los que se agolpaban malviviendo 50 perros de caza. La entidad protectora también reprocha la falta de control en las donaciones de animales de compañía que salen de las perreras.