511 millones que Gallardón prevé ingresar, bajo escrutinio

La funcionaria dependiente de la Administración General del Estado encargada de inspeccionar las cuentas del Ayuntamiento de la capital para garantizar su transparencia y el equilibrio presupuestario ha puesto en duda que el Consistorio pueda materializar 511,3 millones que prevé en su capítulo de ingresos.

Entre las diferentes partidas cuestionadas se encuentran los 327 millones que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha previsto exigir como canon a la Comunidad de Madrid ante la posible privatización del Canal de Isabel II. La interventora apunta en su informe que no tiene "conocimiento de las acciones emprendidas" ni tampoco de los "criterios que han servido para su cuantificación", lo que le hace dudar tanto del importe como de la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda contar con ese ingreso par el próximo ejercicio.

La Comunidad de Madrid lleva planteando la privatización del 49% del Canal de Isabel II desde 2009 y el Ayuntamiento, en consecuencia, reflejando en sus presupuestos el beneficio de la operación. El año pasado los presupuestos ya preveían 226 millones, que sin privatización desfasaron las cuentas municipales.La justificación que dan los responsables de la Concejalía de Hacienda para incluir (una vez más) los ingresos por la privatización del Canal de Isabel II es que (esta vez sí) la privatización es inminente. "Es verdad que ha habido una demora por los tiempos que ha marcado la Comunidad para sacar adelante el proceso de capitalización, pero espero que antes de que pasen semanas podamos explicar los términos del convenio y ver cumplida esa previsión", explicaba el lunes el concejal de Hacienda, Juan Bravo. No es el único capítulo que ha llamado la atención de la interventora. En su informe, la funcionaria, desglosa varias partidas de ingresos que, considera, no están lo suficientemente justificadas.

- Ingresos de la Comunidad. Una de las quejas más recurrentes de los responsables municipales son los impagos y los retrasos con los que la Comunidad de Madrid abona las subvenciones y transferencias acordadas con el Ayuntamiento, especialmente en materia de servicios sociales. Esta informal relación entre Administraciones no le ha pasado inadvertida a la interventora que ha cuestionado que se sustente la previsión de unos 112 millones que dependen, entre otras, de las aportaciones por el Plan Concertado de Prestación de Servicios Sociales (51,4 millones), por las escuelas infantiles (11 millones) o por la mejora de los servicios educativos (3,4 millones).

"Es el tercer año que consideramos 40 millones de euros que nos corresponden por la aplicación de la Ley de Dependencia y no los cobramos. Nosotros prestamos el servicio, aunque no puedo liquidar las facturas porque la Comunidad se niega a tramitar las calificaciones de dependencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a presupuestarlo, aunque luego pueda generar un desfase en las cuentas", explica Bravo.

- 24,7 millones en tasas. El Ayuntamiento cede plazas de los depósitos municipales para que la Seguridad Social, la Agencia Estatal Tributaria o los juzgados aparquen allí los vehículos que embarguen o requieran judicialmente. Teóricamente una tasa regula esta cesión -por la que este año se prevé ingresar 20,4 millones-, aunque nunca se haya materializado. Así expresa la interventora sus reparos por la previsión: "En el caso del depósito de vehículos a requerimiento de otras Administraciones los derechos reconocidos hasta la fecha no han podido recaudarse".

Tampoco hay seguridad de que los 4,3 millones que el Ayuntamiento contempla ingresar por otros "aprovechamientos del espacio público", como la reserva de plazas de aparcamiento de uso exclusivo para otras Administraciones o de la carga y descarga de los hoteles, llegue a hacerse realidad. La interventora apunta que la previsión de ingresos no se justifica.

La falta de justificación también lleva a la interventora a poner la lupa en los 1,6 millones que se pretende ingresar en concepto de "control de calidad", una retención que se hace a las empresas para evaluar la prestación de sus servicios. "Quizá se desvía medio millón de euros, pero es una cantidad mínima que no altera el presupuesto", reconoce Bravo.

- 35 millones por los envases. "Los datos de ejecución de 2010 no permiten deducir las cifras de 2011", señala la interventora refiriéndose a los 35 millones que el Ayuntamiento prevé ingresar a las empresas encargadas de la gestión de residuos y envases. "A fecha de hoy se recoge una recaudación que no llega a los cinco millones por la acumulación de retrasos, pero lo importante es que lleguen a final de año y me aseguran que así será", justifica Bravo.

También plantea reparos la partida que corresponde a los ingresos por "infracciones tributarias", en la que el Ayuntamiento contempla 11,6 millones. "Se incrementa en un 31,7% respecto a 2010, no detallándose los elementos que componen la previsión y no adecuándose a su comportamiento en 2010", escribe la funcionaria. El concejal de Hacienda apunta a que el incremento no es tal si se tiene en cuenta que el año pasado, aunque se presupuestaron 8,8 millones, se reconocieron finalmente 11,4. "Una previsión similar a la que hacemos este año", concluye.