Y otros 34 millones

No solo la interventora general ha cuestionado las previsiones presupuestarias del alcalde. El concejal socialista Pablo García Rojo, que considera que las cuentas de este año "tienen los pies de barro porque pueden desmoronarse en cualquier momento", también planteó el lunes la credibilidad de los ingresos en la última comisión de Hacienda.

García Rojo sostiene que a los 511 millones que no tienen garantías de materializarse habría que añadir otros 34,1 millones que se contempla ingresar por la nueva tasa de telefonía móvil.

Desde que en 2008 el Ayuntamiento quiso gravar a las compañías telefónicas por el uso del dominio público, la decisión está en los tribunales y el dinero en el aire. Este año la tasa se ha cambiado para adaptarla a una sentencia del Tribunal Supremo y garantizar así su cobro, aunque ni el concejal ni Bravo dudan de que también se recurrirá. "El día que ganemos la sentencia las empresas tendrán que pagar tres años seguidos, mientras tanto tengo que reconocer mi derecho a cobrar", explica Bravo.