Los intereses del menor priman sobre la presunción de inocencia

El Gobierno se esforzó ayer en tratar de suavizar la polémica por la retirada de la custodia de los hijos a quienes están imputados en un proceso penal por violencia de género. Así, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, precisó que dicha medida, que recogerá la reforma del artículo 92 del Código Civil, será aplicable tanto a hombres como a mujeres porque el Gobierno considera que es preferible que el menor esté "con el presunto maltratado o maltratada que con quien presumiblemente ha ejercido esos malos tratos". "La mayoría de las veces son hombres. Pero también hay mujeres", dijo.

También aclaró que la medida solo se aplicará en supuestos "muy concretos", como el divorcio o la separación y que, en todo caso, "será una medida cautelar que se revisará cuando se produzca la sentencia firme, lo que se produce en pocos meses". En todo caso, aclaró que el Gobierno prioriza el derecho de los menores a la presunción de inocencia.

Rubalcaba precisó que el objetivo de la reforma es que el Código Civil aclare al juez de lo civil que habiendo un proceso penal por malos tratos, si uno de los dos solicita la custodia individual, el juez tiene que decidir a quien se la da. En tal disyuntiva, el objetivo del Gobierno es que ante el magistrado se decante por la presunta víctima y no por su presunto agresor.

La aclaración del vicepresidente y portavoz no acalló la polémica, desatada el pasado jueves con el anuncio de la reforma por parte de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín. El Partido Popular la definió ayer como una "triquiñuela" y una "argucia". En declaraciones a Servimedia, la secretaria de Política Social del PP, Sandra Moneo, acusó al Gobierno de ignorar las recomendaciones de la subcomisión parlamentaria que durante meses ha trabajado en estudiar medidas contra los malos tratos, en el sentido de impedir que un maltratador reciba la custodia de los hijos siempre que exista una "sentencia firme", pero no cuando el proceso está todavía abierto o simplemente acaba de iniciarse una investigación judicial.

Sin embargo, ni el PP ni las asociaciones de jueces que han criticado la reforma se han pronunciado hasta ahora sobre la exclusión legal del imputado por maltrato -aunque no haya sido condenado- de la custodia compartida, tal y como establece la ley desde julio de 2005.

La reforma aprobada ayer por el Consejo de Ministros supone ampliar la actual prohibición de acceder a la custodia compartida por parte de los presuntos maltratadores a la custodia individual.

La medida se aplica con normalidad en los juzgados desde hace un lustro, de tal manera que no se ha dictado ni una sola sentencia que otorgue la custodia compartida a un progenitor denunciado por el otro. La mera admisión a trámite de la denuncia por parte del juez impide al denunciado compartir la custodia. Ninguna de las asociaciones de jueces que ahora alertan sobre la supuesta indefensión ciudadana han manifestado durante todo este tiempo ninguna queja al respecto.

La concesión de la custodia individual al imputado se ha producido en menos de una docena de casos. Aunque son pocos, la ministra y colectivos de abogadas los consideran injustos e incongruentes con el espíritu de la ley vigente.