Un donativo al partido que acaba pagando el municipio

Es frecuente que las tramas de corrupción que se destapan en instituciones con capacidad de contratar afloren aportaciones de los empresarios beneficiados para los partidos que las gobiernan. Lo que es menos usual es que esos donativos sean pasados luego al cobro a dichos organismos públicos. Esto es lo que supuestamente ha ocurrido en el Ayuntamiento de Ciudad Real, bajo el PP.

El empresario Jesús Rosado denuncia que en 2007 entregó en mano 3.000 euros al responsable del PP en la localidad de Malagón, Martín Toledano. Alega que se lo exigió el edil de Deportes de Ciudad Real, César Manrique, por "órdenes de arriba". "Martín Toledano me llamó para fijar el sitio donde reunirnos y me indicó que fuera a un parque a una hora determinada. Al llegar se bajó del vehículo y lo reconocí, me dijo que si venía de parte de Manrique, le dije que sí, y le entregué el dinero en un sobre". Pero era peor que un donativo oculto: "Siguiendo las instrucciones de Manrique, la misma cantidad fue facturada por la empresa Global Sport [del denunciante] al Ayuntamiento de Ciudad Real. El concepto que figura en la factura es incierto dado que ningún servicio ni venta se realizó".

Cruce de denuncias

La alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, a través de su portavoz, cuestiona el crédito del denunciante, y afirma que él es el que está denunciado por falsedad en firma y documento. El denunciante corrobora este hecho, pero aporta varios datos relevantes sobre el asunto: la denuncia contra él la presenta un funcionario del Ayuntamiento tras haber amenazado él a la alcaldía con que emprendería una batalla a muerte para cobrar su deuda. Se le acusa de haber firmado en falso un endoso bancario, pero en la entidad bancaria niegan haberlo recibido y en dicho proceso ha testificado voluntariamente Juan Carlos Mascuñana, jefe de compras municipal, al que en su denuncia atribuye un papel capital en la exigencia de reiteradas corruptelas: la compra de un reloj de lujo por valor de 430 euros para el funcionario, la adquisición de 150 entradas para el concierto de Alejandro Sanz o el pago de viajes privados.

Rosado le acusa de obligarle a firmar como cobradas múltiples facturas "desconociendo el destino y la persona que recibía el dinero correspondiente al pago" cuya suma superaría los 8.000 euros. El denunciante, como en la mayoría de las corruptelas que desvela, aporta sus pruebas. En este caso dos de dichas facturas falsas.