La legislatura del gran recorte

La política económica y fiscal del tripartito, en manos del socialista Antoni Castells, ha estado en el centro del debate público de forma casi ininterrumpida en los últimos siete años. Y hasta casi el último día, puesto que la Generalitat acaba de lanzar una emisión de deuda pública para particulares que la oposición utilizó para denunciar la supuesta mala salud de las arcas públicas. El Gobierno catalán ha tenido que nadar esta legislatura entre dos aguas: por una parte, la recesión le ha obligado a gastar más en políticas de estímulo y empleo; por la otra, ha debido afrontar recortes de calado por el déficit público del conjunto de España.

Los ingresos de 2009 bajaron el 9,2%, aunque tras esa caída hay un descenso del 66,5% del impuesto de matriculaciones y el 30,9% de los tributos relacionados con la venta de casas, que en años de bonanza como 2006 suponían hasta el 37% de la recaudación tributaria. En total, la merma fue de 1.825 millones, que el Ejecutivo catalán compensó con los 1.990 millones que llegaron a raíz del nuevo modelo de financiación autonómica, acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de 2009. Este modelo aportará en 2011 alrededor de 2.370 millones, pero podrían ser insuficientes para compensar la caída de los ingresos tributarios.

El nuevo sistema de financiación ha sido otro de los frentes del tripartito. El modelo actual se aproxima a los resultados de los que gozan sistemas federales como el alemán. Esto se manifiesta sobre todo en la posición en la que queda Cataluña tras su contribución a la solidaridad regional. Hasta 2009, Cataluña estaba por encima de la media de las comunidades antes de realizar esta aportación, pero luego quedaba por debajo. Con el nuevo modelo, esto ya no será así: si la media es 100, en 2012 la comunidad deberá estar en un índice de 105,6.

Además de la financiación, la otra gran pata de las negociaciones con Madrid han sido las inversiones del Estado en Cataluña. El Estatuto fija que deben ser equivalentes al peso de la comunidad en el producto interior bruto (PIB) español, el 18,6%. Según la Cámara de Comercio, el Gobierno debe 1.425 millones a la Generalitat por las inversiones no ejecutadas desde 2008, después de que Castells haya recuperado 500 millones correspondientes a 2007.

Las inversiones del Estado para 2011 se han reducido el 30% por la austeridad presupuestaria, un rigor al que también se ha visto obligado el Gobierno catalán. El primer recorte, de 900 millones llegó en junio de 2009, pero más drástico ha sido el de este año, de 1.670 millones. La Generalitat aplicó la rebaja del 5% de los sueldos de los funcionarios que planteó el Gobierno central, pero la extendió a sus empresas públicas y a los conciertos. Las inversiones también sufrieron un tijeretazo que permitirá ahorrar más de 500 millones, y los gastos de funcionamiento se reducirán en 316 millones.

Además de los recortes, el Gobierno catalán se adelantó al central con una subida del IRPF para las rentas superiores a 120.000 euros en su tramo autonómico, y aumentó los tributos que gravan las transmisiones patrimoniales, los actos jurídicos documentados y las matriculaciones. Con esta reforma fiscal, el Ejecutivo prevé recaudar 175,7 millones. Paradójicamente, estas subidas se dieron seis meses después de que el tripartito eliminara el impuesto de sucesiones para el 94% de los declarantes, lo cual supone que deje de ingresar 200 millones este año. Aun así, el plan permitió que anteayer Castells pudiera ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera luciendo una reducción del déficit, hasta el 2,4%.

El endeudamiento de la Generalitat ha generado, por último, un agrio debate entre Gobierno y oposición. La deuda ha ido creciendo en los últimos años hasta alcanzar, según el Banco de España, 29.503 millones, el 15,1% del PIB. Cataluña es la segunda comunidad más endeudada de España, tras la Comunidad Valenciana, pero la proporción es mucho más baja que la deuda del Gobierno central, del 53,2%. Ante el cierre de los mercados financieros, la Generalitat optó por una emisión de bonos a particulares que ascendió a 3.000 millones que deberá volver el año que viene, cuando los mercados le reclamarán en total 4.498,5 millones de euros.