La querella del doctor Montes contra el ex consejero de Sanidad Lamela se reactiva

El caso Lamela se reactiva. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juzgado que instruye la querella de Luis Montes contra el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela que llame a declarar a nuevos testigos. Las acusaciones habían pedido al juzgado de instrucción número 43 que declararan varias personas para tratar de desentrañar cómo se gestaron las denuncias de sedaciones irregulares en el hospital de Leganés. El juzgado denegó las pruebas, pero la Audiencia las acaba de aceptar. Se trata, entre otras, de la declaración de tres inspectores que asesoraron al comité de expertos que elaboró el informe a partir del cual se imputó a Luis Montes.

El procedimiento judicial contra Montes se archivó sin mención alguna a mala praxis. Después, en abril de 2009, Montes y su segundo en el hospital, Miguel Ángel López Varas, se querellaron por denuncia falsa y falsedad documental contra Lamela y los seis médicos que formaron parte de la comisión. El ex consejero y los médicos declararon ante el juzgado de instrucción en junio de 2009, pero el caso había quedado paralizado.

La declaración de los inspectores es "relevante y necesaria"

"El 'caso Lamela' va a ser largo", asegura el doctor Montes

La Audiencia estima ahora los recursos que presentó la abogada de Montes y López Varas y la asociación Derecho a Morir Dignamente, que se sumó posteriormente a la querella como acusación particular. Además de la declaración de los tres inspectores, ordena al juzgado que testifique Vicente Moya, que fue la persona designada por el Colegio de Médicos para formar parte del comité de expertos y que lo abandonó posteriormente.

La declaración de Moya se considera "relevante y necesaria", asegura el auto de la Audiencia Provincial, por tratarse del "único profesional integrante del comité de expertos ajeno al ámbito de la consejería de la Comunidad de Madrid". Moya, catedrático de Medicina Legal y presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid, tenía que declarar para explicar las razones por las que abandonó el comité y la forma en que trabajaba este órgano (metodología, sesiones de trabajo...), pero falleció el pasado abril.

La Audiencia acuerda también ordenar a la Consejería de Sanidad que remita el expediente administrativo por el que se creó el comité de expertos y que habían pedido reiteradamente y sin éxito las acusaciones. Ese comité fue el que, en mayo de 2005, emitió un informe -elaborado sin consultar a los médicos implicados- en el que concluyó que entre septiembre de 2003 y marzo de 2005 hubo 73 sedaciones irregulares en las urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, de las que Montes era coordinador.

Esas acusaciones quedaron en nada. En enero de 2008 la Audiencia Provincial archivó el caso de las sedaciones, ordenó restituir el nombre de Luis Montes y retirar cualquier alusión a mala práctica médica. Era el momento de buscar responsabilidades. La querella que Montes y López Varas presentaron contra Lamela le acusa de fabricar una denuncia y un informe para incriminar de forma injustificada a los responsables de las urgencias. Lamela nombró a dedo al comité de expertos para que elaboraran un informe después de que otro informe independiente, el de la Inspección, concluyera que de las historias clínicas no se podían extraer conclusiones definitivas.

"Con las nuevas declaraciones esperamos poder aclarar qué hizo ese comité y cómo pudo revisar 169 historias clínicas en solo un mes", afirmó ayer la abogada de Montes, María Jesús Díaz Veiga. Algunas de esas historias acumulaban más de 300 folios. El comité estaba formado por los jefes de servicio de oncología de La Paz y del 12 de Octubre, el jefe de pediatría de Alcorcón, el jefe de Anestesia del Clínico, una psiquiatra del Ramón y Cajal y un inspector. Cuando declararon, en junio de 2009, los médicos se contradijeron, según la abogada de Montes. Precisamente fue la declaración del inspector, Isidoro Álvarez, la que llevó a pedir que comparecieran nuevos testigos. Álvarez afirmó que el comité había tenido que pedir ayuda a terceros porque las historias tenían problemas de legibilidad y faltaba información. "Álvarez dio los nombres de tres inspectores, a los que queremos preguntar cuál fue su participación, en qué grado asesoraron al comité", dijo Díaz Vega. En agosto de 2009 declaró también el ex viceconsejero de Sanidad Arturo Canalda.

El auto de la Audiencia Provincial acepta la declaración de los inspectores -Mariano Villanueva, Francisco Ramos y Ana Martínez-, porque la considera "relevante y necesaria" para aclarar "el contenido del asesoramiento que prestaron, si fue meramente externo y se limitó a una mera interpretación de las letras o pudo recaer sobre cuestiones relevantes para el informe finalmente emitido".

Luis Montes estaba ayer satisfecho por la decisión de la Audiencia de "acelerar" el caso. Especialmente por la documentación que tendrá que aportar Sanidad sobre el comité de expertos. "Las actas mostrarán si se reunieron, algo que dudamos", afirmó ayer. "Hubo muchas contradicciones cuando declararon los médicos". Montes no es optimista. "Nos da la impresión de que la jueza va a archivar la querella, pero recurriremos. El caso Lamela va a ser largo", aseguró.