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Londres indemniza a los presos de Guantánamo

El Gobierno paga para que no salgan a la luz documentos sobre torturas

Reino Unido ha accedido a pagar indemnizaciones millonarias a un grupo de sospechosos de terrorismo que denunciaron la complicidad de los servicios de seguridad británicos en las torturas a las que fueron sometidos antes de su traslado a la prisión de Guantánamo. El gesto del Gobierno de David Cameron, confirmado ayer en la Cámara de los Comunes por su ministro de Justicia, Kenneth Clarke, pretende evitar un juicio que podría sacar a la luz pública información sensible sobre los servicios de inteligencia.

Esta decisión afecta a una docena de ciudadanos o residentes británicos, antiguos prisioneros en la base estadounidense de Cuba u otras cárceles secretas, que recibirán una cuantía no desvelada, en virtud de un acuerdo de confidencialidad suscrito. Algunos medios británicos desvelaron ayer, no obstante, que uno de ellos percibirá al menos 1,2 millones de euros.

Uno de los ex detenidos recibirá 1,2 millones, según la prensa británica

El gesto del Gobierno es el resultado de una larga y costosa disputa legal, que arrancó cuando seis de los afectados (Bisher al Rawi, Jamil el Banna, Richard Belmar, Omar Deghayes, Binyam Mohamed y Martin Mubanga) presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo contra cinco departamentos gubernamentales, incluidos los servicios de espionaje MI5 (seguridad interna) y MI6 (exterior). Los querellantes no acusaron directamente de tortura a los funcionarios, sino de conocer los abusos a los que fueron sometidos y no hacer nada por evitarlo, infringiendo con ello las leyes internacionales.

El caso al que se ha brindado mayor difusión mediática es el de Binyan Mohamed, un etíope de 24 años con permiso de residencia en Reino Unido, que fue detenido en Pakistán en 2002. En los dos años que mediaron hasta su traslado a Guantánamo, pasó por interrogatorios en los que fue torturado y por una cárcel de la CIA en Marruecos. Mohamed alega que esos abusos tuvieron como testigos a agentes británicos, presentes en ambos centros secretos. El año pasado, el sospechoso fue puesto en libertad tras revisarse su juicio en Guantánamo. Cuando regresó a Reino Unido, denunció al Gobierno británico por su supuesta complicidad en las vejaciones.

El pasado mayo, la Corte de Apelaciones sentenció que el Gobierno no podía escudarse en el necesario secretismo de los datos de espionaje y que su defensa ante la denuncia de Mohamed y los otros cinco querellantes debía producirse en el marco de audiencias públicas. El entonces ministro de Exteriores laborista, David Miliband, había esgrimido sin éxito la amenaza de Washington de romper todos los acuerdos bilaterales en materia antiterrorista.

Tras el relevo de poder en Downing Street, el nuevo primer ministro conservador, David Cameron, expresó el pasado julio su intención de negociar con los denunciantes para conjurar la perspectiva de un proceso con luz y taquígrafos, aunque también abrió la puerta a una investigación oficial sobre la actuación de los servicios de espionaje y seguridad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de noviembre de 2010