Espiral de la confusión
Urge acabar con declaraciones fuera de lugar que comprometen el consenso antiterrorista
El 'lehendakari' y el líder de los populares vascos, Antonio Basagoiti, escenificaron el pasado viernes su sintonía en la política antiterrorista. Era su forma de salir al paso de la espiral de declaraciones sobre el final de ETA que amenazaba con romper el pacto que mantiene a Patxi López en Ajuria Enea y con afectar al consenso que todos los partidos consideran esencial para abordar con éxito la oportunidad de poner fin al terrorismo.
Si algún miembro del Gobierno o dirigente del PSOE aventura un pronóstico imprudente o un comentario desafortunado, inmediatamente hay alguien de otro partido que exagera su alcance, forzando desmentidos que provocan nuevas sospechas. Y si a estas se responde con la callada, se considera que ese silencio confirma la sospecha, ya sea sobre la intención de facilitar la participación de Batasuna en las elecciones de mayo o sobre la existencia de contactos, enseguida ascendidos a negociaciones, del PSOE con Batasuna.
Hasta la entrevista con Otegi en este periódico, en la que proclamaba la incompatibilidad entre el objetivo independentista y la violencia, fue considerada prueba del cambio de política antiterrorista, cuando más bien venía a confirmar el éxito de esa política, que había conducido al sector de Batasuna identificado con Otegi a la conclusión de que no recobraría la legalidad mientras no desapareciera ETA. Aportaciones personales de políticos como Eguiguren o Cospedal han venido a aumentar una confusión que ni siquiera ha frenado la declaración aprobada el martes en el Senado por todos los grupos rechazando acuerdos de partidos legales con Batasuna y la posibilidad de participación electoral de esta formación si no cumple las condiciones legales. Es de esperar que resulte más eficaz para serenar las aguas saber que la fiscalía de la Audiencia Nacional investiga posibles maniobras de Batasuna para burlar su prohibición.
El objetivo de la política antiterrorista es la disolución de la banda, para lo que combina la eficacia policial con la presión legal y política sobre Batasuna para que convenza (por su propio interés) a ETA. A su vez, el elemento principal de esa presión es la aplicación de la Ley de Partidos, que condiciona la posibilidad de levantamiento de la ilegalización al cumplimiento de una serie de garantías, que en caso de duda deberán ser interpretadas de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal de Estrasburgo. Así, la nueva formación deberá presentar unos estatutos que contengan una explícita adhesión a los derechos humanos y a los principios y reglas de la democracia y un rechazo explícito de la utilización de la fuerza para alcanzar sus objetivos.
Añadir otras condiciones, como una cuarentena de cuatro años para comprobar que la ruptura con la violencia es real (Basagoiti), carece de base legal y aumenta la confusión. Pero también esto ha sido empeorado por su crítico, el nacionalista Egibar, que lo ha considerado propio de mentes "más bien dictatoriales o fascistas".
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