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"Tengo que volver ya a mi país"

Un cambio de criterio de la Subdelegación del Gobierno provoca el caos en las oficinas de extranjería y obliga a los inmigrantes a anular viajes a sus países

Rosario debe subir hoy, a mediodía, a un avión rumbo a su país, República Dominicana. Lleva meses ahorrando para pagar los 1.000 euros del billete. Y todavía no sabe si podrá pasar la Navidad con los suyos, como había previsto. La mujer necesita una autorización de retorno, una suerte de salvoconducto que se exige a los extranjeros cuyo permiso de residencia ha vencido, y que les permite regresar a España sin problemas. Pero a Rosario aún no le han dado cita y en la oficina de extranjería y este documento ya no se tramita, desde el martes, de forma urgente. De modo que corre el riesgo de perder las vacaciones y el sueldo de varias semanas.

Decenas de extranjeros de la provincia de Barcelona se hallan en una situación similar: no pueden volver a su país -a visitar a sus familiares, o a pasar la Navidad o la fiesta musulmana del cordero- porque no disponen de la autorización. Un cambio de criterio de la Subdelegación del Gobierno de Barcelona a la hora de otorgar estos documentos ha cogido a los inmigrantes por sorpresa y ha provocado el caos en las oficinas de extranjería. Los inmigrantes, indignados, consideran que la Administración no les ha informado con antelación suficiente y que está vulnerando sus derechos fundamentales. El martes, las protestas violentas de algunos afectados frente a la sede que expide estos documentos, en la calle de Múrcia, obligaron a los Mossos d'Esquadra a imponer el orden.

Ya no se darán los documentos hasta el mismo día del vuelo, como hasta ahora

Un vigilante, desbordado a primera hora, filtra a los extranjeros en la entrada de esta oficina. Allí espera Sandra, una boliviana que se enteró de la muerte de su padre el domingo por la noche. "Tengo que volver ya a mi país. No hay derecho a que cambien esto sin avisar. Trabajamos, cotizamos y tenemos unos derechos", se queja Sandra, que ayer por la tarde logró volar a su país después de que su abogada mediara para obtener la autorización.

El sistema de cita previa funciona, en realidad, desde junio de 2009. A diferencia de otras provincias, la Subdelegación del Gobierno decidió implantarlo por la ingente carga de trabajo que existe en Barcelona. El año pasado, esta administración tramitó 250.000 expedientes. Este año, prevé superar los 300.000. Es la provincia con más carga de trabajo, pero no la que tiene más funcionarios. En la práctica, los trabajadores accedían a dar las autorizaciones al instante: bastaba con presentarse en la oficina el día antes, con el billete y otros papeles, y tras unas horas en la cola el extranjero arreglaba el asunto.

Pero lo que debía ser una excepción (el procedimiento de urgencia) se convirtió en la norma. "Se ha hecho un mal uso de las urgencias. Podemos asumir tres o cuatro al día, pero no un centenar. Nuestro error fue no frenar antes el problema y ser demasiado tolerantes", precisa la Subdelegada, Montserrat García, quien advierte de que se dieron casos de billetes de avión falsificados.

El periodo de tolerancia se ha acabado. Desde el martes, solo se conceden autorizaciones de retorno con cita previa. Y no habrá excepciones. Ni siquiera en casos de necesidad, como cuando un inmigrante debe viajar a su país de inmediato por la muerte de algún familiar. "En esos casos, nos comprometemos a que la cita previa se dé en un máximo de dos días", admite García. "Estas personas han de aprender que hay unos procedimientos y que gritar no soluciona nada", dice en alusión a los incidentes del martes.

La subdelegación ha pedido a la Dirección General de Inmigración que no exija el documento, lo que acabaría con el problema. El cambio repentino de criterio ha crispado también a los abogados de extranjería, que lo tildan de "abuso" y advierten de las consecuencias negativas que la medida tiene para sus clientes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de noviembre de 2010