Reportaje:

Un prostíbulo en el rellano

Crecen los conflictos entre las redes chinas de explotación sexual y las comunidades en las que se instalan los burdeles

Las decenas de pisos que se usan como prostíbulos en Barcelona procuran no llamar demasiado la atención de los vecinos. Pero rara vez lo consiguen. La entrada y salida de clientes, en ocasiones hasta altas horas de la noche, y el trasiego de chicas dedicadas a esta actividad -la mayoría, de origen chino- son evidentes. La tolerancia silenciosa hacia los meublés del rellano está desapareciendo. El Cuerpo Nacional de Policía constata un aumento de la conflictividad entre las redes de explotación sexual y las comunidades de vecinos donde se instalan estos negocios ilícitos.

"La afluencia de personas de toda condición y procedencia, ajenas a la propia finca, produce una gran alarma social entre los vecinos y zonas limítrofes", lo que "da lugar a quejas vecinales (...) y a la aparición de pancartas en los balcones alusivas a la actividad del inmueble y la necesidad de erradicarla", precisa un informe elaborado por la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) de Barcelona. Los altercados que producen clientes que llegan exaltados al meublé, junto con los robos esporádicos que se producen, han colmado la paciencia de los inquilinos.

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Las cada vez más visibles y contundentes protestas vecinales y, sobre todo, las páginas de contactos de los periódicos, proporcionan a la policía una información valiosa para llegar hasta las redes que se lucran con la prostitución ajena. En los prostíbulos de Barcelona y el área metropolitana, los proxenetas chinos se han hecho con el control hegemónico del sexo de pago, aunque cuentan con la colaboración de dueños de inmuebles españoles.

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Ese es el caso de una de las últimas operaciones lanzadas por la Ucrif y la Guardia Urbana. Las quejas vecinales motivaron la investigación de una vivienda en el paseo de Maragall que, presuntamente, funcionaba como burdel. Los agentes detuvieron a Antonio R. G., por proxenetismo, por favorecer la inmigración ilegal y por un delito contra los derechos de los trabajadores. Antonio era el encargado, presuntamente, de transportar a las chicas y controlar su trabajo.

En la gestión del negocio le ayudaba Lin Y., conocida como Sofía, que se prostituía y mantenía una relación sentimental con Antonio. Sofía era la encargada de pagar a las chicas por su trabajo: cinco euros por servicio, según fuentes policiales. La mayoría de los pisos están gestionados o dirigidos por una mujer como Sofía, conocida como la "mamy", que controla los servicios y distribuye los recursos entre las chicas.

El informe policial alerta de la explotación que sufren las mujeres asiáticas en los pisos. Al llegar a España, las chicas "contraen una deuda con la red". Para asegurarse de que la saldan, se les retira el pasaporte. La red "las pone a trabajar en establecimientos de la propia organización o en otros con los que mantiene buenos contactos". Su actividad laboral "en muchas ocasiones no está retribuida, o lo está escasamente", sigue el documento.

Las declaraciones de las prostitutas que se atreven a hablar son clave para trazar la radiografía. En la operación del paseo de Maragall, una de ellas, Bu Y. H., explicó que había llegado a España "para trabajar de camarera" y que fue trasladada a un piso para hacer masajes, "sin estar autorizada para ello y sin contrato alguno".

Las redes de explotación chinas abarcan los locales de masajes, las peluquerías (en ambos casos se ofrecen también servicios sexuales) y, en especial, los pisos. Las viviendas proporcionan mayor opacidad y permiten que sus responsables "distribuyan, controlen y aleccionen" a las mujeres sobre su trabajo.

La proliferación de anuncios en medios de comunicación (también en diarios editados en chino) es un reflejo de que la actividad crece. Los anuncios "enmascaran", según la policía, el origen de las prostitutas: se anuncian como japonesas, pero son chinas.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno

Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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